Capacidad de Obrar

La capacidad de obrar es uno de los requisitos que debe reunir quien pretenda contratar con el sector público, con independencia de que la entidad contratante sea una administración territorial, una fundación o una mutua. En las personas jurídicas, el artículo 66 exige que el objeto social coincida con el objeto del contrato. Ese objeto social figura en los estatutos o normas fundacionales y determina la actividad a la que se dedica la entidad.

Por ello, la prestación que busca la contratación pública debe guardar correspondencia con la actividad declarada por la empresa. La acreditación resulta más compleja respecto de empresas extranjeras, ya que sus requisitos registrales pueden ser distintos. Para las empresas europeas se atiende a la documentación acreditativa de su actividad, sin exigirles registralmente más de lo que les exige su Estado de pertenencia, conforme a la libre circulación y la protección de la libre competencia.

En general, las empresas extranjeras deben acreditar reciprocidad: que una empresa española podría presentarse en su país a una licitación pública en condiciones iguales o análogas a las de los empresarios locales. Sin ese informe, se entiende que no existe capacidad de obrar. No obstante, la reciprocidad no se exige cuando el empresario pertenece a un Estado signatario de un tratado de contratación pública aplicable a contratos sometidos a normativa comunitaria.