Contratos SARA

Si os parece correcto, vamos a hablar hoy de los contratos sujetos a regulación armonizada, esa gran categoría dentro de la legislación contractual.

Como bien sabemos, la ley 9/2017 incorpora, integra en nuestro ordenamiento jurídico determinadas directivas comunitarias en materia de contratación, concretamente las directivas 23 de concesión y 24 de obra, servicio y suministro. Esas directivas, evidentemente, contienen determinados mandatos que hemos integrado dentro de nuestra legislación contractual.

Pero, ¿a quién se aplican esos mandatos de las directivas comunitarias? ¿A qué contrato se aplican esos mandatos de las directivas comunitarias? Pues en principio, nosotros solamente tenemos que seguir la regla matemática que establece el artículo 19 de la ley de contratos. En principio, para que un mandato integrado dentro de nuestro ordenamiento de esas directivas se aplique a un contrato que estás tramitando, deberían cumplirse los siguientes requisitos:

El primero, subjetivo, que tengas la consideración de poder adjudicador.

El segundo, objetivo, que los contratos sean o bien un contrato de obra, contrato de concesión, contrato de suministros, contrato de servicios.

Y el tercero, el que más nos preocupa, es el concepto económico.

No cualquier contrato está sometido a esas directivas simplemente porque se cumplan los dos requisitos anteriores; n ecesitamos que esos contratos tengan cierta importancia económica, que igualen o superen determinados valores, cuantificados en función del valor estimado, y que esos valores coincidan con los que se marcan cada dos años por la comisión.

En este momento, ¿Cuáles son esos umbrales vigentes para que tu contrato quede sometido a las directivas?

Si hablamos de obra y concesión, artículo 20, el valor estimado que tendría que tener ese contrato debería ser igual o superior a 5.404.000 euros. Recordad que se han cambiado para el año 2026 los valores que estaban vigentes hasta diciembre de 2025.

Si hablamos de un suministro o de un servicio, el problema es un poquito más grande. Deberíamos diferenciar el tipo de sujeto contratante, no es lo mismo que seas un poder central, la AGE, las entidades gestoras de la Seguridad Social, un organismo autónomo vinculado a la AGE, que que seas cualquier otro sujeto. Estoy hablando de otro sujeto como, por ejemplo, una fundación estatal o como, por ejemplo, una comunidad autónoma o una entidad local, o tro tipo de ente que no coincida con el concepto de organismo autónomo estatal. En ese caso, ¿Nosotros con qué valores jugaríamos? Si hablamos de la AGE, estaríamos jugando con una cuantificación de 140.000 euros y, si hablamos de cualquier otro sujeto, estaríamos hablando de un umbral de 216.000 euros.

Recordad, antes de terminar este vídeo, que hay determinados contratos que el propio artículo 19 excluye del ámbito de aplicación de las directivas comunitarias c omo, por ejemplo, determinados servicios jurídicos ( como, por ejemplo, determinados contratos de concesión vinculados al ciclo del agua potable), como, por ejemplo, determinados servicios que se prestan sin ánimo de lucro ( como, por ejemplo, los servicios de protección civil), etc.