Suspensión de la Pena

La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, regulada en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, se diferencia de la libertad condicional por el momento de concesión: en la suspensión, el penado aún no ha iniciado el cumplimiento de la pena. La modalidad ordinaria exige, entre otros requisitos, que la pena o suma de penas no supere dos años, que sea la primera delincuencia en los términos explicados y que se hayan satisfecho o se asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles. La suspensión extraordinaria puede acordarse aunque no concurran los requisitos de primera delincuencia y límite conjunto de dos años, si cada pena de prisión no excede de dos años y el condenado no es reo habitual. Requiere reparar el daño, indemnizar el perjuicio o cumplir el acuerdo de mediación, y se impone siempre multa o trabajos en beneficio de la comunidad entre un quinto y dos tercios de la pena impuesta. También existen la suspensión por enfermedad muy grave con padecimientos incurables y la vinculada a drogodependencia, para la que se exige certificación de deshabituación o tratamiento. El plazo general es de dos a cinco años; para penas leves, de tres meses a un año, y para drogodependencia, de tres a cinco años. La suspensión puede revocarse por nuevo delito, incumplimientos graves y reiterados u otros supuestos indicados. La remisión procede al finalizar el plazo sin delinquir y cumpliendo las condiciones impuestas.