La solvencia

La solvencia económica y financiera, técnica o profesional es la capacidad exigida a quienes aspiran a contratar con el sector público para ejecutar el contrato. Se diferencia de requisitos generales como la capacidad de obrar o las prohibiciones de contratar porque debe determinarse para cada licitación: no se requiere la misma solvencia para tareas de limpieza, una repoblación forestal o la construcción de un puente. Conforme al artículo 74, corresponde al órgano de contratación fijar estas condiciones con coherencia respecto de la naturaleza de la prestación.

La empresa puede integrar su solvencia mediante medios externos, según el artículo 75, siempre que acredite ante el órgano de contratación que dispondrá de ellos al ejecutar el contrato. Estos medios pueden ser financieros o técnicos, como maquinaria o equipos, y la subcontratación es una vía habitual. La excepción aparece cuando el órgano de contratación califica determinadas prestaciones como críticas: en ese caso deben realizarse con medios propios. Esta posibilidad se contempla en obras, servicios y suministros que incluyan tareas de instalación o colocación.

El artículo 76 permite exigir un compromiso de adscripción de medios. No basta entonces con acreditar capacidad general: la empresa debe identificar recursos concretos, como determinadas personas o una máquina, y queda obligada a destinarlos a la ejecución. Este compromiso se acredita al ser propuesta para la adjudicación y su incumplimiento puede llegar a constituir causa de resolución del contrato.