Ley de Violencia de Género. Derecho a la Reparación

El derecho a la reparación en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género busca la recuperación completa de las víctimas en los planos físico, psíquico y social. Comprende la indemnización de daños y perjuicios económicamente evaluables, cuyo acceso debe ser garantizado mediante mecanismos de las administraciones públicas. La indemnización puede incluir el daño físico, psicológico y moral, la afectación a la dignidad, la pérdida de oportunidades educativas, laborales o de acceso a prestaciones, los daños materiales y el lucro cesante por ingresos que se dejan de percibir. También abarca el daño al proyecto de vida y los tratamientos necesarios, incluidos los terapéuticos, sociales, de salud sexual o reproductiva. La responsabilidad de pagar corresponde a quien resulte civil o personalmente responsable conforme a la normativa vigente. A la vez, las administraciones deben asegurar recursos para la recuperación integral, medidas simbólicas de restitución de dignidad y reputación, el derecho al olvido en internet y otros medios públicos, y garantías de no repetición. Si la indemnización no puede hacerse efectiva, pueden establecerse ayudas complementarias según la gravedad y las secuelas, incluso para tratamientos sanitarios específicos.