Ley Orgánica 3/2007

El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 determina quiénes son titulares de los derechos de igualdad que reconoce la norma y quiénes quedan sujetos a sus obligaciones. La ley no se limita a declarar derechos: también prevé medidas vinculantes para garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad. Los derechos reconocidos corresponden a todas las personas. La igualdad se presenta como un derecho inherente a la dignidad, por lo que protege a personas españolas y extranjeras, con independencia de su residencia o de cualquier otra circunstancia. Las obligaciones de la ley, en cambio, alcanzan tanto a personas físicas como jurídicas. Aunque una persona jurídica no sea titular del derecho a la igualdad por razón de sexo, debe respetar las exigencias de la norma por su participación en la vida social, económica y política. La nacionalidad no resulta decisiva: basta con que la persona o entidad se encuentre o actúe en España.

La Ley Orgánica 3/2007 no se limita a reconocer derechos y libertades, sino que incorpora mecanismos para garantizar el respeto efectivo de la igualdad de oportunidades. Por ello, la realización de conductas discriminatorias puede producir tres consecuencias jurídicas: la pérdida de efectos de lo discriminatorio, la exigencia de responsabilidad y la imposición de sanciones. La nulidad puede afectar a actos, cláusulas o negocios jurídicos discriminatorios y tiene carácter absoluto o radical. No obstante, la corrección debe ajustarse al supuesto concreto. En los contratos de seguro, por ejemplo, si existe una diferencia discriminatoria por razón de sexo en primas o prestaciones, se anula la cláusula afectada, no necesariamente todo el contrato. Quien comete una discriminación debe reparar el daño causado. La indemnización exige acreditar un perjuicio real y efectivo, debe ser proporcional y puede comprender tanto daños económicos como daños morales. Finalmente, las sanciones cumplen una función punitiva y preventiva: para disuadir, el sistema debe ser eficaz, aplicarse realmente y prever respuestas proporcionadas que hagan que infringir la igualdad no resulte conveniente.

La indemnidad frente a represalias, recogida en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2007, protege a quien ejerce sus derechos en materia de igualdad. La igualdad efectiva exige también la no discriminación y cuenta con mecanismos como la presentación de quejas, reclamaciones, denuncias o la intervención judicial ante actos que vulneren derechos. Esta garantía opera cuando el perjuicio no se produce directamente por razón de sexo, sino como reacción a haber cuestionado una práctica discriminatoria o reclamado el cumplimiento de la igualdad. La ley califica esa represalia como discriminación por razón de sexo, por lo que se aplican las garantías previstas para este tipo de discriminación. La represalia puede consistir en un trato adverso directo o en cualquier efecto negativo posterior. La protección alcanza tanto a quien presenta una queja o denuncia como a quien exige, reclama o sugiere medidas vinculadas al cumplimiento efectivo de la igualdad.