Límites de la Revisión

Las decisiones de la Administración pueden ser impugnadas por dos vías. La vía judicial se articula mediante el recurso contencioso-administrativo, ante jueces y magistrados, como expresión de la tutela judicial efectiva. La Ley 39 regula, además, los recursos administrativos, mientras que el recurso contencioso-administrativo se desarrolla en su normativa específica. En vía administrativa existen dos recursos ordinarios: alzada y reposición potestativa. También hay un único recurso extraordinario: el recurso extraordinario de revisión, reservado para situaciones concretas. No solo son recurribles las resoluciones que finalizan el procedimiento: también pueden recurrirse determinados actos de trámite relevantes, cuando condicionan la decisión final, limitan derechos o pueden generar indefensión. La elección entre alzada y reposición depende de si el acto pone fin a la vía administrativa. Si no la agota, procede la alzada, que resuelve el superior jerárquico y debe interponerse antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Si el acto pone fin a la vía administrativa, cabe la reposición potestativa ante el mismo órgano que dictó el acto o, alternativamente, acudir directamente a la vía judicial.