Recursos

Los recursos ordinarios administrativos son el recurso de alzada y el potestativo de reposición. La alzada procede frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa; la reposición puede interponerse, de forma potestativa, cuando el acto sí pone fin a esa vía. Para identificarlo, resulta relevante determinar qué órgano debía resolver: por ejemplo, un ministro pone fin a la vía administrativa, mientras que una dirección general no lo hace. Si se recurre un acto expreso, el plazo de interposición es de un mes tanto para la alzada como para la reposición. En cambio, ante una desestimación presunta por silencio administrativo, ambos recursos pueden interponerse en cualquier momento. La Administración conserva su obligación de dictar resolución expresa. El plazo para resolver y notificar una alzada es de tres meses, mientras que en reposición es de un mes. Como regla general, la falta de resolución del recurso produce silencio negativo. La excepción indicada es la alzada formulada contra una desestimación presunta anterior: si no se resuelve en plazo, el silencio puede ser positivo, salvo las excepciones aplicables al sentido del silencio. Los motivos del recurso deben basarse en nulidad o anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico. Resuelto un recurso administrativo, no cabe otro recurso administrativo ordinario contra esa resolución.