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Constitución Española · Artículo 103
Guía pública de estudio
Materia
Sobre esta materia
Contenido, alcance y objetivos del recurso
La Administración Pública debe servir al interés general con objetividad y pleno respeto a la ley y al Derecho. El artículo 103 exige eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Actuar con rapidez no permite saltarse una regla legal.
Sus órganos se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Para el acceso a la función pública se exigen mérito y capacidad. Distingue los principios para actuar de los que guían el acceso a un puesto: responden a preguntas distintas.
Cuestionario
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Test 1
Resumen del cuestionario
El artículo 103 exige que la Administración Pública sirva con objetividad al interés general. Actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y bajo pleno respeto a la ley y al Derecho. Ser eficaz no permite actuar fuera de la ley.
Los órganos del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Para acceder a la función pública rigen mérito y capacidad. El control de los Tribunales del artículo 106 revisa legalidad y fines. En un caso, separa cómo se organiza un órgano, cómo actúa y quién controla su actuación.
- Preguntas: 19 activas en este test.
- Criterio de superación: 50% de aciertos.
- Orden: puede variar entre intentos.
Última actualización editorial: 11 sept 2026.
Práctica
Preguntas de muestra
1 pregunta con respuesta
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Pregunta 1
Según el artículo 103.2 Constitución, los órganos de la Administración del Estado:
- Deberán ser regulados por ley orgánica.
- Son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
- Son modificados y suprimidos por el Gobierno.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Ver respuesta y explicación
Respuesta correcta: Son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
La opción correcta es la que afirma que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Esa es la formulación del artículo 103.2, por lo que se descartan las respuestas que exigen ley orgánica o atribuyen esa regulación al Gobierno sin esa referencia legal.