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Contratos Subvencionados

Contratos Subvencionados

Guía pública de estudio

Materia Sobre esta materia Contenido, alcance y objetivos del recurso

Un contrato subvencionado puede estar sujeto a regulación armonizada aunque lo celebre un sujeto privado. El artículo 23 de la Ley de Contratos del Sector Público exige comprobar la financiación directa por poderes adjudicadores, superior al 50 % del importe, y las categorías de obras o servicios y los umbrales aplicables.

Para resolver un supuesto, identifica primero quién concede la subvención y qué porcentaje financia. Después comprueba si la obra pertenece a las categorías previstas o si el servicio está vinculado a una de esas obras. Al final contrasta el valor estimado con el umbral vigente del artículo 23. La financiación pública, por sí sola, no basta para dar por cumplidos todos los requisitos.

Ejemplo: una ayuda del 60 % supera la condición porcentual. Pero aún hay que verificar el objeto y el valor del contrato. Una ayuda exactamente del 50 % no cumple la exigencia de superar ese porcentaje. La guía del vídeo permite situar estas comprobaciones dentro de la regulación armonizada.

Vídeo Lección 1 de 1 Contratos Subvencionados 4:02 min

Resumen de la lección

Un contrato subvencionado puede quedar sujeto a reglas de contratación armonizada aunque lo celebre una persona o entidad privada. Para ello no basta con recibir una ayuda: la financiación debe concederla directamente un poder adjudicador y superar el 50 % del importe, y el contrato debe pertenecer a una de las categorías y alcanzar los umbrales del artículo 23.

En obras, la ley incluye ciertas actividades de ingeniería civil —sección F, división 45, grupo 45.2 de la NACE— y la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios administrativos. Con los umbrales vigentes en 2026, esas obras deben tener un valor estimado de al menos 5.404.000 euros. También pueden quedar incluidas las prestaciones de servicios vinculadas a esas obras cuando alcancen 216.000 euros. Así, hay que comprobar a la vez quién financia, el porcentaje, el objeto y el valor estimado: una subvención pública por sí sola no convierte cualquier contrato privado en SARA. Fuentes: Ley 9/2017, artículo 23, artículo 20 y artículo 22.

Objetivos de aprendizaje

  • Identificar por qué un contrato privado puede quedar sujeto a reglas de contratación armonizada.
  • Comprobar que la subvención directa de un poder adjudicador supera el 50 % del importe.
  • Distinguir las obras y servicios vinculados incluidos en el artículo 23.
  • Aplicar los umbrales vigentes de 2026 a las categorías de obras y servicios subvencionados.

Puntos clave

  • No basta con recibir una subvención: debe ser directa, concedida por un poder adjudicador y superar el 50 % del importe.
  • Solo se incluyen las categorías de obras y los servicios vinculados especificados en el artículo 23.
  • En 2026, el umbral de las obras incluidas es 5.404.000 euros y el de los servicios vinculados, 216.000 euros.
  • La actividad de obra se limita a la categoría NACE indicada o a los edificios enumerados en la ley.

Última actualización editorial: 10 sept 2026.

Leer la transcripción de la lección

Como bien sabéis, esta ley no solamente se aplica a los contratos que puedan celebrar los sujetos del sector público, sino que en ocasiones también regula, aunque sea parcialmente, contratos que pueden celebrar sujetos que pertenecen al sector privado y que, por tanto, quedan completamente alejados de ese concepto de sector público. Ya me lo avisa el artículo 22. Ya me lo avisa, perdón, el artículo dos. Realmente esta ley también se aplica a los denominados contratos subvencionados del artículo veintitrés. Desde un punto de vista gráfico, cómo podríamos definir esos contratos subvencionados? Los contratos subvencionados son, según el artículo veintitrés, aquellos en los que alguien puede ser uno o más de uno que pertenece a la condición de poder adjudicador puede ser una mutua. Por tanto, una fundación, una administración territorial otorga una subvención a otro sujeto.

Muy bien, por tanto, el poder adjudicador, que es quien en principio quedaría sometido a las directivas comunitarias aquí, lo único que está haciendo es realizar una labor de fomento. Está, insisto, otorgando una subvención, pero esta subvención tiene que cubrir mayoritariamente, desde un punto de vista económico, el contrato que este otro sujeto quiere tramitar. Por tanto, la subvención tiene que cubrir mayoritariamente la financiación del contrato, que finalmente vamos a someter a los mandatos de las directivas que incorporamos en este texto y este contrato que al final vamos a someter, puede ser cualquiera. No solamente hablaríamos de contrato subvencionado cuando hablemos de un contrato de obra que tenga un valor estimado igual o superior a 5,538,000 euros, es decir, el umbral comunitario con el que hemos jugado para declarar un contrato de obra sujeto a regulación armonizada.

Esta obra, además, no puede ser cualquiera. Es cierto que casi casi puede ser cualquiera, porque la categoría de la nace es gigantesca, pero tendría que ser una obra incluida dentro de la categoría F de la NACE lo que conocemos normalmente como obra civil. Ningún otro contrato podría quedar sometido a las reglas de las directivas si no lo celebra un sujeto del sector público. Pues lo cierto es que sí, pero solo si hay una relación con este contrato de obra, si yo necesito tramitar de manera simultánea o por conexión un contrato de servicios, insisto, necesitamos la vinculación con esta obra. Ese contrato de servicios también podría quedar sometido a las directivas, aunque no lo celebrase un sujeto que pertenece al sector público que tenga la consideración de poder adjudicar.

Para ello necesitaríamos que este contrato de servicios tuviese una cuantificación igual o superior a euros fijos que la esencia de este sometimiento de estos contratos a los mandatos de las directivas de este texto viene dado por el dinero. La Unión Europea quiere controlar la eficiencia en el uso de recursos públicos en el ámbito de la contratación y, evidentemente, si estamos financiando con dinero público mayoritariamente este contrato, este contrato en toda lógica debe quedar sometido.