Estado de Alarma de Excepción y de Sitio

Los estados excepcionales responden a situaciones que alteran el funcionamiento ordinario del poder en un contexto de paz social. Se ordenan por gravedad en estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. El primero puede declararse ante catástrofes naturales, desabastecimiento de productos de primera necesidad o interrupción absoluta de servicios esenciales. Lo acuerda el Consejo de Ministros mediante real decreto, inicialmente por un máximo de 15 días, con posibilidad de prórroga. Aunque concentra poder en el Ejecutivo y permite restringir derechos, no autoriza la suspensión colectiva de derechos garantizados por la Constitución. El estado de excepción procede cuando existe una imposibilidad patente de ejercer normalmente el poder. También se declara por el Gobierno mediante real decreto y puede suspender determinados derechos, entre ellos los de reunión pacífica y sin armas, huelga y secreto de las comunicaciones. El estado de sitio representa la situación de mayor gravedad: puede plantearse si se amenazan el ordenamiento constitucional, la integridad territorial o la independencia del país. Su declaración corresponde exclusivamente al Congreso, a petición del Gobierno, y no tiene límites temporales ni territoriales.