Financiera, Presupuesto y Concepto

Financiera, Presupuesto y Concepto Presupuesto. Artículo 134 de la Constitución. Ley General Presupuestaria, el documento presupuestario, contenido básico de la Ley anual de Presupuestos constituye el marco económico-financiero de la actividad de las Administraciones Públicas. Se trata de una institución primordial que permite vincular la actividad administrativa, prestacional de servicio de cualquier sujeto que forme parte del sector público con su vertiente económica. El presupuesto cumple una función política, pues permite desarrollar objetivos y estrategias gubernamentales, previo control de los mismos por parte del legislativo, órgano supremo de representación popular. Facilita, además, el control del gasto público, pues supone un límite infranqueable al mismo. La institución presupuestaria tiene su origen en la baja edad media, en que las primeras asambleas de representantes aprobaban o rechazaban la imposición de exacciones extraordinarias en función del fin para el que se ponían. Lo cierto es que el sector público, para el ejercicio de su actividad, cuenta con determinados recursos humanos, económicos y financieros con los que hacer frente a los gastos corrientes y de capital, y la asignación concreta y formal de aquellos recursos al conjunto de acciones que han de desarrollarse en un determinado periodo para la consecución de los objetivos previstos y atención a unas bases políticas predeterminadas, se conforma en un documento que recibe el nombre de presupuesto. El presupuesto es, pues, un cálculo, una previsión contable agrupada, ordenada y formal, que cumple una función práctica a la hora de ejecutar los objetivos propuestos, pero al mismo tiempo, es un instrumento básico, una herramienta administrativa para llevar a cabo una determinada política económica. Nuestra primera constitución, la de 1812, ya recoge la figura del presupuesto público, con un claro carácter de control político económico del ejecutivo. Así se mantuvo a lo largo de nuestra historia constitucional para ser finalmente recogida en el artículo 134 de la constitución de 1978 en los siguientes términos: corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del estado a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. Los presupuestos generales del estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignar. el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del estado. El gobierno deberá presentar ante el congreso de los diputados los presupuestos generales del estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Aprobados los presupuestos generales del Estado. El Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del gobierno para su tramitación. La ley de presupuestos no puede crear tributos, podrá modificarlos cuando una ley sustantiva así lo prevea. La Ley General Presupuestaria, por su parte, conceptúa el presupuesto en su artículo 32, estableciendo que los presupuestos generales del estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Se trata de un documento, por tanto, que contiene numéricamente el máximo de obligaciones y gastos en que se va a poder incurrir en un ejercicio presupuestario por cualquier sujeto perteneciente al sector público y que, además, refleja la previsión de ingresos estimados para ese mismo ejercicio. Se trata, además, de una previsión legal y, dado el principio de legalidad consagrado constitucionalmente en el artículo 9.1 y 3, tiene, por tanto, carácter vinculante.