La Figura del Contratista

La regulación de la contratación pública busca garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para ello, la Ley de Contratos del Sector Público limita la libertad de elección que existiría en el ámbito privado y exige que quien contrate con el sector público reúna las condiciones previstas en su artículo 65. El contratista debe ser una persona natural o jurídica, por lo que quedan excluidas figuras sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, de herederos o de propietarios. También ha de disponer de capacidad de obrar, que debe diferenciarse de la capacidad jurídica: la primera es específica para cada contrato. Además, no puede estar incurso en una prohibición de contratar. Estas prohibiciones se regulan en los artículos 71 a 73 e incluyen, entre otros supuestos mencionados, no estar al corriente de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o haber sido condenado mediante sentencia firme a inhabilitación especial. Finalmente, debe acreditar solvencia económica y financiera, así como solvencia técnica o profesional. La clasificación administrativa puede acreditar las condiciones de solvencia y, cuando procede, evita exigir esa acreditación de nuevo.