Ley de Violencia de Género. Derechos Económicos

La Ley Orgánica de Protección Integral en materia de violencia de género contempla derechos económicos con carácter mínimo, que pueden ser desarrollados por las comunidades autónomas y las entidades locales. Se centra especialmente en la ayuda social y en la consideración de las víctimas como colectivo prioritario para acceder a vivienda protegida y a residencias públicas para personas mayores. La ayuda social es de pago único y tiene carácter subsidiario respecto de la inserción laboral. Se dirige a víctimas que, por edad, falta de preparación o circunstancias sociales, presenten especiales dificultades para obtener empleo y no puedan beneficiarse eficazmente de programas de empleo. Además, sus rentas mensuales, sin contar las pagas extraordinarias, no deben superar el 75 % del salario mínimo interprofesional. La cuantía equivale, con carácter general, a seis meses de subsidio por desempleo. Puede alcanzar doce meses si existe discapacidad oficialmente reconocida de al menos el 33 %, dieciocho meses cuando haya cargas familiares y veinticuatro si, junto a estas cargas, la víctima o alguna persona dependiente tiene esa discapacidad. La ayuda se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la tramitan los servicios sociales competentes y exige informe del servicio público de empleo, además de acreditar la situación de violencia de género.