Ley Orgánica 3/2007. Tutela Judicial

La Ley Orgánica 3/2007 aborda la tutela judicial frente a la discriminación por razón de sexo en su artículo 12, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Cualquier persona puede acudir a jueces y tribunales para reclamar protección ante una vulneración del derecho a la igualdad. La capacidad se refiere a la posibilidad jurídica de actuar ante el órgano judicial, mientras que la legitimación exige un título o interés legítimo para formular la reclamación. Esto puede alcanzar a personas físicas y jurídicas, conforme a las normas procesales aplicables en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Una regla relevante es la inversión de la carga de la prueba. Cuando quien demanda presenta indicios suficientes o alegaciones fundadas de discriminación, corresponde a la parte demandada acreditar que su actuación fue justificada, proporcional y no discriminatoria. El órgano judicial puede recabar informes o dictámenes de organismos públicos competentes, pero únicamente a instancia de parte. Estas reglas no se aplican al proceso penal: en casos de acoso sexual o por razón de género, la persona acosada es quien está legitimada para acudir, y la presunción de inocencia impide invertir la carga probatoria.