Los Principios del Ordenamiento Jurídico

Como bien sabéis, el artículo uno de la Constitución constituye al Estado español como un Estado social y democrático de Derecho. ¿Qué significa que España sea un Estado de Derecho? Significa muchísimas cosas, pero una de las cosas que significa es que toda la actuación, tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos, queda sometida a un ordenamiento jurídico, a un sistema normativo al que llamamos, con carácter general, derecho pero fijaos, que nuestra constitución no deja nada al azar. Y lo que ha establecido es un conjunto de principios a los que tiene que someterse obligatoriamente ese ordenamiento jurídico, esa producción y subsistencia normativa. Esos principios del ordenamiento jurídico se recogen en el punto 3 del artículo nueve y son siete que pasaremos a continuación a enumerar y a describir brevemente.

Recordad, ante todo, que no podemos confundir en ningún caso los valores superiores del ordenamiento jurídico del artículo uno, la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad con los principios del ordenamiento jurídico. Empecemos, pues con ellos el primer principio, quizá en orden de importancia, es el principio de legalidad. El principio de legalidad queda perfectamente descrito en el de la constitución, que señala que ciudadanos y poderes públicos quedan sometidos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto nos puede parecer normal, pero en realidad es una cosa absolutamente fantástica. Recordad que en el pasado los poderes públicos pensaba en esas monarquías absolutas.

Desde luego el ordenamiento jurídico no les aceptaba en la actualidad cómo tiene que trabajar la administración sometida, evidentemente al imperio de la ley del derecho, recordar el artículo de la constitución. El poder legislativo puede actuar libremente, que va, tiene que actuar sometido al ordenamiento jurídico y lo mismo el poder judicial. Recordar el artículo 117. Segundo principio del ordenamiento jurídico. Recordad que estoy desordenándolos un poquito vale el principio de seguridad jurídica. Si tenemos un ordenamiento jurídico al que tenemos que atenernos, evidentemente, cuando actuemos y en nuestro comportamiento interno y nuestro comportamiento social, evidentemente, la sumisión a ese ordenamiento, al ordenamiento vigente en cada momento tiene obligatoriamente que garantizarnos seguridad.

Por tanto, si yo estoy actuando conforme al ordenamiento, cualquier vaivén del ordenamiento jurídico, cualquier mutación de ese ordenamiento jurídico no me puede perjudicar. En tercer lugar, nosotros, si queremos que ese sistema normativo sea obligatorio, evidentemente tenemos que darle a conocer de ahí el principio de publicidad de las normas. ¿Qué más nos encontramos dentro de los principios? Nos encontramos con un principio que es el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables y restrictivas de derechos individuales. Recordar, y esto ya lo habíamos comentado, que a la constitución no le importa que las normas sean retroactivas o irretroactivas. La retroactividad significa que una norma actúa antes respecto a situaciones anteriores a su entrada en vigor; insisto, la constitución ahí no se mete.

Lo único que hace es poner un límite y si es a disposición, esa norma va a castigarnos y perjudicarnos. Evidentemente, no podemos hacer que actúe respecto a situaciones anteriores a su entrada en vigor; por otra parte, qué más principios tenemos? Tenemos el principio, por ejemplo, de la responsabilidad de los poderes públicos. Los poderes públicos son responsables en su actuación y respecto a la desviación respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico, si una administración no actúa conforme al ordenamiento, no somete su actuación administrativa a la tramitación de un procedimiento previo, por ejemplo, o nos sanciona sin seguir las pautas que para el procedimiento sancionador están establecidos en la ley 40. No se le puede exigir responsabilidad. Por supuesto que sí.

Por ejemplo, a la cabeza de la administración, a esa parte alta del poder ejecutivo, el gobierno no se le puede exigir responsabilidad, por supuesto que sí, no solamente responsabilidad política, sino también responsabilidad, por ejemplo, de carácter penal. En definitiva, cuando un órgano judicial, un órgano judicial que tiene que actuar sometido al ordenamiento jurídico, se separa del cumplimiento de ese ordenamiento jurídico, surge incluso la responsabilidad disciplinaria. Básicamente dejamos para el final uno de los principios constructores del eh, del ordenamiento jurídico y es el principio de jerarquía. ¿Qué significa el principio de jerarquía?

Significa que tenemos que construir nuestro ordenamiento jurídico de manera completamente vertical, de tal manera que las normas superiores matizan y modulan las normas inferiores y una norma inferior no puede ni matizar ni modular una norma superior fijaos en la cúspide de nuestro ordenamiento, que está construido de forma piramidal. Nos encontramos con la Constitución y con el bloque de la constitucionalidad. Alguna ley puede contradecir lo que dice la constitución, no? Y para eso tenemos al Tribunal Constitucional con capacidad para expulsar a esa norma inconstitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Un reglamento, un mero decreto, una ordenanza municipal puede contradecir lo que dice una ley, por supuesto que no. Todo ello en virtud del principio de jerarquía normativa. Y ya, por último, y no menos importante, el principio de interdicción de la arbitrariedad.

Recordad que la arbitrariedad es la voluntariedad. Yo puedo, como poder público, actuar voluntariamente, actuar como me dé la gana, producir un reglamento, producir un acto a un acto administrativo como quiera que va el artículo 105 de la constitución recordad que ella me dice que hay que seguir un procedimiento que está regulado en una ley obligatoriamente para producir un acto administrativo. Por tanto interdicción prohibición arbitrariedad voluntariedad está prohibido la actuación voluntaria o aleatoria de nuestros poderes públicos.