Obligación de Resolver

La Administración tiene la obligación de dictar una resolución expresa y notificarla dentro del plazo aplicable en todo procedimiento administrativo. El plazo será, con carácter general, el que fije la norma reguladora de cada procedimiento. Cuando esa norma no establezca plazo, se entiende que es de tres meses. Además, un reglamento no puede fijar un plazo máximo superior a seis meses; para superar ese límite se requiere una ley o una norma de Derecho de la Unión Europea. El incumplimiento del plazo no elimina el deber de resolver, pero produce silencio administrativo. Este silencio puede ser positivo, cuando se entiende reconocido lo solicitado, o negativo, cuando no se considera reconocido el derecho pedido. Si el silencio es positivo, una resolución posterior debe confirmar ese sentido; si es negativo, la resolución posterior puede estimar o denegar la solicitud. El cómputo comienza de forma distinta según el inicio del procedimiento. Si lo promueve una persona interesada, empieza cuando la solicitud entra en el registro electrónico de la Administración competente. Si se inicia de oficio, cuenta desde el día en que se dicta el acuerdo de iniciación.