¿Por qué odiamos la Ley de Contratos?

La Ley de Contratos genera dificultad porque reúne mandatos de distinta procedencia y alcance subjetivo. Tradicionalmente, la contratación se vinculaba a las administraciones públicas y a un procedimiento administrativo para celebrar contratos. Con la incorporación a la Unión Europea, se añadieron exigencias orientadas a controlar la eficiencia en el uso de dinero público por los sujetos del sector público, junto con los mandatos de las directivas de contratación pública dirigidos a los poderes adjudicadores.

El libro primero concentra reglas de configuración de la contratación del sector público y límites sobre los elementos del contrato. Regula cuestiones como la causa, el plazo, la forma de la relación jurídica, las partes, el objeto y el precio, con la finalidad de garantizar eficiencia y transparencia. El libro segundo contiene el procedimiento de preparación, adjudicación y, en determinados casos, cumplimiento y extinción de los contratos de las administraciones públicas.

La complejidad aumenta porque las exigencias derivadas de las directivas aparecen dispersas dentro de la ley y se cruzan con reglas administrativas y de eficiencia. Para resolver la aplicación subjetiva y jurídica de cada mandato, debe atenderse al título preliminar: los artículos 25 y 26 califican los contratos como administrativos o privados y determinan su régimen jurídico.