Principio de Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad opera en la potestad sancionadora administrativa y procede del ámbito punitivo del Estado y del proceso penal. Está amparado constitucionalmente, protege el derecho de defensa y exige relacionar la infracción con la sanción atendiendo a las circunstancias del caso. La gravedad de los hechos orienta la elección de la sanción dentro de los grados previstos, pero también importan el modo de comisión, la reiteración y la reincidencia. Esta última se vincula a la comisión, dentro de un año, de hechos semejantes por los que ya se hubiera sido sancionado, lo que puede elevar la gravedad apreciada y excluir grados inferiores o atenuaciones. La proporcionalidad también requiere valorar la idoneidad y la necesidad de la medida. La sanción debe servir para evitar la repetición de la conducta y no puede resultar más conveniente que cumplir la obligación. Asimismo, puede ser relevante que el administrado haya reparado el daño, pues ello puede comportar una rebaja importante. En el ámbito administrativo no cabe, ni directa ni subsidiariamente, privación de libertad por impago de multas; la Administración puede acudir a medios ejecutivos para cobrar, como el embargo. Esta prohibición no se extiende al derecho penal.