Principio de Responsabilidad

El principio de responsabilidad opera en la potestad sancionadora de la Administración y también en el ámbito punitivo penal. Se presenta como una garantía vinculada a la Constitución y al derecho de defensa de las personas ante la Administración. Exige que cada persona responda por sus actuaciones cuando puede conocerlas y comprenderlas. Para imponer una consecuencia sancionadora deben concurrir dos elementos: capacidad de obrar, tanto en personas físicas como jurídicas, y dolo o culpa. La culpa equivale a una actuación imprudente por falta de diligencia, valorada según lo exigible a una persona de capacidad media. El dolo, en cambio, supone intención: se quiere realizar la conducta o provocar el resultado. También puede hablarse de dolo eventual cuando no se busca un resultado, pero se sabe que se producirá con la propia acción y se acepta. Aunque esta distinción puede aplicarse al ámbito sancionador, la explicación se centra en la exigencia general de dolo o culpa.