Prohibición de Acciones Posesorias

La prohibición de acciones posesorias opera cuando la Administración inicia un procedimiento de ejecución forzosa para hacer efectivas obligaciones incumplidas. Estos medios deben utilizarse tras el apercibimiento previo y con carácter proporcionado. Un ejemplo expuesto es el apremio sobre el patrimonio tras una multa no abonada en período voluntario: se certifica el impago y se inicia la recaudación conforme a un procedimiento regulado en la Ley General Tributaria. La regla impide acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa con la sola finalidad de paralizar esa ejecución forzosa legítimamente iniciada. La razón es que los tribunales no deben detener sin causa la actuación ejecutiva de la Administración. Sin embargo, la prohibición no excluye cualquier intervención judicial: si se aprecia que la actuación administrativa no se ajusta a derecho, puede plantearse una acción justificada. En la regulación anterior, este concepto se denominaba prohibición de interdictos.