Recurso Especial en materia de Contratación (REC)

Constantemente menciona la ley de contratos el recurso especial en materia de contratación. El recurso especial en materia de contratación es un infiltrado en nuestro sistema. Nosotros sabemos que tenemos un sistema de recursos marcado por la Ley 39 para discutir la legalidad o la formalidad de un acto administrativo concreto. Tenemos un recurso de alzada, tenemos un recurso potestativo de reposición, etcétera. Pero, en materia de contratación, las directivas marcan, en determinados casos, la obligatoriedad de la utilización de un recurso especial que las propias directivas contienen y han impuesto en nuestro sistema. Se trata de un recurso tremendamente curioso. Insisto, respecto a nuestro sistema. Es un recurso que va a resolver un órgano independiente, por ejemplo, a nivel central, a nivel estatal, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, no vinculado al órgano de contratación. Cabe la posibilidad de que comunidades autónomas, determinadas entidades locales, incluso creen su propio tribunal de resolución de recursos. Es un recurso gratuito, es un recurso potestativo. ¿Y eso qué significa? Que si no lo quieres utilizar, vete a un juzgado directamente. "No, pero es que no se agotó la vía administrativa". No importa. Si tú estás discutiendo, por ejemplo, la legalidad de una modificación de un contrato y, por la razón que sea, eso se debería seguir discutiendo en la administración antes de llegar a un juzgado, con el recurso especial no pasa eso. Tú eliges: o bien interpones el recurso o bien te vas directamente a un juzgado de lo contencioso-administrativo. En este momento, una sección de lo contencioso de un tribunal de instancia. Perfecto. ¿Cuándo se convierte este recurso en operativo dentro de la contratación pública? Tienen que darse básicamente tres circunstancias. La primera es subjetiva, que quien esté tramitando este recurso tenga la consideración de poder adjudicador según el artículo 3.3. Por tanto, cualquier administración pública, una mutua, una fundación. En segundo lugar, no cabe utilizar este recurso en cualquier contrato. Tienen que ser contratos de obra o de concesión de más de 3 millones de valor estimado, contratos de servicios, de suministros o especiales de más de 100 000 €. Y, además, no podemos poner en cuestión con este recurso cualquier acto que se haya producido en un procedimiento de contratación. ¿Cómo tasamos esos actos recurribles? A mí, tanto las directivas como el artículo 44 me dicen que son recurribles, en primer lugar, la documentación preparatoria del contrato. Por tanto, la aprobación de un pliego de cláusulas, de un pliego de prescripciones técnicas, un anuncio de licitación. En segundo lugar, cualquier acto de trámite que me perjudique. En este caso me tiene que perjudicar, tiene que determinar mi imposibilidad de continuar en el procedimiento, me tiene que perjudicar respecto a mi posición respecto a otros licitadores. Un ejemplo, la resolución de un empate. Por ejemplo, la tramitación de una baja temeraria, la valoración de mi oferta. Bien, ¿qué más es recurrible? Es recurrible siempre, por supuesto, la adjudicación del contrato. Y, por último, recordad que una vez firmado el contrato, podríamos proceder a una modificación que se alejase de los mandatos de los artículos 204 y 205. En ese caso, también podríamos recurrirlo