Resolución de Actos

Los actos dictados por la Administración se presumen válidos y producen efectos desde que se firman o dictan. Sin embargo, su eficacia puede quedar condicionada a la notificación a la persona interesada, a su publicación oficial o a la fecha de efectos fijada en el propio acto. Si se aprecia una infracción del ordenamiento jurídico, la invalidez debe ser declarada por el órgano competente o, en vía judicial, por el juez o magistrado correspondiente. La invalidez puede dar lugar a anulabilidad o a nulidad de pleno derecho. La anulabilidad es la consecuencia habitual de una infracción, incluida la desviación de poder, y permite subsanar o convalidar el acto. Por ejemplo, si un órgano inferior dicta un acto que correspondía a su superior jerárquico, el superior puede convalidarlo. En cambio, la nulidad de pleno derecho responde a infracciones de especial gravedad, como la incompetencia manifiesta por materia o territorio, un contenido imposible o una decisión obtenida mediante ilícito penal declarado judicialmente. Un acto nulo no puede convalidarse y deja de desplegar efectos.