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Responsabilidad Patrimonial

Guía pública de estudio

Materia Sobre esta materia Contenido, alcance y objetivos del recurso

Responsabilidad Patrimonial es una materia de Procedimiento Administrativo en formato vídeo que presenta el procedimiento de responsabilidad patrimonial y se centra en cómo la administración debe indemnizar por daños causados. A lo largo del recurso se explican los principios que rigen este proceso y se aborda el papel del Consejo de Estado en reclamaciones de mayor cuantía. El alumnado puede entender cómo se estructura este procedimiento y qué aspectos intervienen en su análisis dentro del ámbito administrativo. También permite familiarizarse con la relación entre la actuación administrativa y la indemnización por daños, así como con la intervención del Consejo de Estado en determinados supuestos.

Vídeo Lección 1 de 1 Responsabilidad Patrimonial 7:45 min

Resumen de la lección

La responsabilidad patrimonial de la Administración se apoya en la Ley 40/2015 y su procedimiento en la Ley 39/2015. Puede dar lugar a indemnización por lesiones sufridas en bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo los daños que la persona tenga el deber jurídico de soportar. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado; el artículo 34 regula la indemnización y sus criterios.

El procedimiento puede iniciarse de oficio o a solicitud de la persona perjudicada. Puede terminar por acuerdo; si no se alcanza, debe dictarse y notificarse resolución en seis meses y, vencido ese plazo, se entiende desestimada la reclamación. Para las reclamaciones de 50.000 euros o más —o la cuantía que establezca la legislación autonómica— es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico correspondiente. El dictamen debe emitirse en dos meses. El del Consejo de Estado no es vinculante con carácter general, salvo que una ley disponga otra cosa; para el órgano autonómico rige su normativa. Consulta los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, y los artículos 58, 67, 81, 86 y 91 de la Ley 39/2015. La regla sobre el carácter no vinculante del dictamen del Consejo de Estado figura en el 2 de la Ley Orgánica 3/1980.

Objetivos de aprendizaje

Diferenciar los principios de responsabilidad patrimonial de las reglas de procedimiento.
Comprobar los requisitos del daño indemnizable y quién puede reclamar.
Reconocer el inicio de oficio o a solicitud y la posible terminación convencional.
Calcular el plazo de resolución y el efecto del silencio.
Determinar el umbral del dictamen consultivo y distinguirlo de su carácter vinculante.

Puntos clave

La responsabilidad puede derivar del funcionamiento normal o anormal del servicio público, si la persona no tiene el deber jurídico de soportar el daño.
El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
La reclamación puede iniciarse de oficio o a petición de la persona afectada y puede terminar por acuerdo.
El procedimiento debe resolverse y notificarse en seis meses; vencido el plazo, la reclamación se entiende desestimada.
El dictamen es preceptivo desde 50.000 euros o el umbral autonómico aplicable; el Consejo de Estado debe emitirlo en dos meses.
El dictamen del Consejo de Estado es, como regla, no vinculante; la normativa propia rige para órganos consultivos autonómicos.

Última actualización editorial: 10 sept 2026.