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Constitución Española · Artículo 102
Guía pública de estudio
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Sobre esta materia
Contenido, alcance y objetivos del recurso
La responsabilidad penal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El artículo 102 añade una regla para acusar por traición o delito contra la seguridad del Estado al ejercer sus funciones.
En esos casos debe tomar la iniciativa una cuarta parte del Congreso y aprobarla su mayoría absoluta. Proponer y aprobar no exigen el mismo apoyo. La gracia del Rey no se aplica a los supuestos de este artículo.
Cuestionario
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Test 1
Resumen del cuestionario
El artículo 102 atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno. Para acusar por traición o delito contra la seguridad del Estado al ejercer sus funciones, hay un trámite específico en el Congreso.
La iniciativa exige una cuarta parte de sus miembros; aprobarla exige mayoría absoluta. No apliques el apoyo inicial como si bastara para aprobar. En una Cámara de 350, una cuarta parte requiere al menos 88 personas y la mayoría absoluta, 176. Son umbrales de fases distintas.
- Preguntas: 10 activas en este test.
- Criterio de superación: 50% de aciertos.
- Orden: puede variar entre intentos.
Última actualización editorial: 11 sept 2026.
Práctica
Preguntas de muestra
1 pregunta con respuesta
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Pregunta 1
¿Cuándo se requiere que la iniciativa de la acusación contra el Presidente y los demás miembros del Gobierno provenga del Congreso?:
- Cuando la acusación fuera por delito de traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.
- Cuando la acusación fuera por delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones exclusivamente.
- Cuando la acusación fuera por delito contra la comunidad internacional.
- Siempre.
Ver respuesta y explicación
Respuesta correcta: Cuando la acusación fuera por delito de traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.
La acusación contra el Presidente y los demás miembros del Gobierno solo queda sujeta a esta intervención del Congreso cuando se trata de traición o de delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Por eso, la opción correcta es la que delimita esos dos supuestos.