Ley de Enjuiciamiento Criminal · Procedimiento penal

El contenido sigue la tramitación de la apelación vinculada al Tribunal del Jurado: posibilidad de adhesión posterior, motivos del recurso, traslado a las partes e impugnación o apelación supeditada. Incluye la remisión al Tribunal Superior de Justicia, las consecuencias de no comparecer el apelante y la vista previa a la sentencia. Cierra con los recursos frente a sentencias dictadas en contextos de aforamiento.

Se debe ordenar el itinerario desde la admisión hasta la decisión, separando apelación principal y supeditada. Las preguntas hacen contrastar quién interviene y en qué turno durante la vista, qué efecto produce la inactividad o renuncia del apelante, cuándo procede celebrar vista y qué plazo rige para dictar sentencia. También requieren relacionar aforamiento, Magistrado-Presidente y clase de recurso.

El procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados delitos se aborda desde la vista previa a la apelación hasta la sentencia, pasando por su regulación, ámbito y formas de instrucción. Sitúa un allanamiento de morada con detención infraganti y atestado, contrasta delitos incluidos y excluidos, e identifica los órganos que pueden intervenir cuando la causa llega a la fase instructora o al enjuiciamiento.

Se entrenan las conexiones entre las circunstancias del hecho, la vía procedimental aplicable y la competencia de cada órgano. También se diferencian quién instruye, quién enjuicia y qué autoridades pueden dictar sentencia o una conformidad. La secuencia obliga a separar los presupuestos de inicio de los efectos posteriores, y a valorar la función de la vista dentro de la apelación sin confundirla con el juicio.

Los supuestos de lesiones con detenido, hurto documentado por Policía Judicial, violencia entre familiares y delitos contra la salud pública delimitan el arranque del enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Se examinan el nombre de su fase de instrucción, las vías de inicio y el significado de flagrante, junto con las circunstancias que deben acompañar al atestado para activar este procedimiento.

Las cuestiones relacionan la naturaleza de los hechos con los requisitos de puesta en marcha, distinguiendo la detención de otras circunstancias necesarias. Se practica la comparación entre un hurto, unas lesiones y conductas contra la salud pública, así como la identificación de cuándo un hecho puede calificarse de flagrante. Además, se ordena conceptualmente el tránsito desde el atestado policial hacia la instrucción y las decisiones de conformidad.

Se examina el ámbito del procedimiento rápido mediante robos, hurtos, delitos relativos a propiedad intelectual e industrial y estafa. Los supuestos distinguen entre autor detenido y persona citada ante el Juzgado de Guardia, así como entre flagrancia y otros requisitos. La segunda parte se desplaza a las actuaciones de Policía Judicial con víctimas lesionadas, asistencia sanitaria, documentación de extremos relevantes y atención durante la detención.

Hay que contrastar requisitos según la modalidad delictiva y decidir cuándo la flagrancia resulta relevante para la tramitación rápida. La práctica requiere vincular el atestado con la citación o detención, reconocer la aplicación supletoria de normas y ordenar actuaciones de Policía Judicial. También enfrenta la asistencia a la víctima, el requerimiento al personal sanitario y los medios para acreditar elementos existentes en el lugar de los hechos.

Las actuaciones de la policía judicial se concretan en la información a ofendidos y perjudicados, la identificación de quienes están en el lugar de los hechos y las citaciones ante el Juzgado de guardia. Incluye intervenciones vinculadas a vehículo de motor, sustancias estupefacientes, control de alcoholemia y denunciado no detenido, atendiendo al contenido del atestado y a la intervención de fuerzas de seguridad.

Se practican las diferencias entre informar, identificar, citar y apercibir, según la posición de cada persona y la diligencia realizada. El recorrido conecta el atestado con la comparecencia judicial, discrimina la participación de los agentes que intervinieron y atribuye el análisis de sustancias. También exige situar temporalmente las actuaciones policiales y distinguir la práctica de controles de alcoholemia de las restantes comprobaciones iniciales.

Se sigue el trayecto del atestado desde la citación coordinada por Policía Judicial hasta su recepción en el Juzgado de Guardia. Incluye la ordenación de servicios de guardia, la entrega del atestado, detenidos y comunicación al Ministerio Fiscal. Después aborda la incoación de diligencias urgentes, el supuesto en que no procede iniciarlas, diligencias obligatorias y la participación fiscal durante la guardia.

La práctica exige ordenar actuaciones posteriores al atestado y relacionar reglamentos, citaciones y órganos competentes. Se distinguen las consecuencias de incoar o no diligencias urgentes, qué diligencias son necesarias y cuándo cabe acordar otras. Asimismo, se contrasta la intervención del Ministerio Fiscal y la posición del testigo en instrucción, incluida su obligación de atender futuras citaciones y comunicar cambios de domicilio.

El bloque reúne diligencias urgentes relativas a hurto o robo, testigos, reconocimiento, careo y prueba anticipada ante el Juzgado de Guardia. Incorpora además las garantías del detenido: asistencia de letrado, eventual renuncia informada y alcance de la representación de la defensa. Los casos enlazan la tasación de efectos sustraídos con las circunstancias requeridas para el enjuiciamiento rápido.

Las cuestiones requieren comparar diligencias que el Juzgado puede practicar según pertinencia, necesidad o anticipación, sin confundir reconocimiento y careo. Se trabaja la relación entre testigo, citación, incomparecencia y consecuencias procesales. También se identifica el momento en que interviene el abogado, los supuestos condicionados de renuncia a esa asistencia y la conexión entre defensa técnica y representación del defendido.

Se analizan diligencias urgentes cuando la competencia corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, incluida la situación de la persona detenida y el señalamiento de comparecencias. También se revisa el traslado al abogado para la defensa. Tras practicar diligencias, el cuestionario entra en las decisiones judiciales posibles: preparación del juicio oral, continuación como diligencias previas y forma oral o escrita de determinados autos.

Deben relacionarse competencia, atestado, detenido y citaciones con el órgano que adopta cada actuación. Se exige ordenar el paso desde las diligencias urgentes hasta la audiencia a las partes y distinguir resoluciones que se documentan oralmente de aquellas que requieren otra forma. Asimismo se comparan las vías posteriores según suficiencia de diligencias y los recursos que pueden plantearse frente a los autos correspondientes.

El test trata el cierre de las diligencias urgentes en el procedimiento rápido. Examina las alternativas del Juez de Instrucción de Guardia cuando estima suficiente la investigación, la forma de autos vinculados a continuación, juicio oral o sobreseimiento, y la participación del Ministerio Fiscal y partes personadas. Incluye orden de protección, medidas cautelares y la organización temporal de diligencias en guardias de veinticuatro horas.

La resolución de casos requiere diferenciar autos recurribles de los no recurribles y asociar su forma oral o escrita a cada decisión. Se ordena la secuencia desde las diligencias urgentes hasta el pronunciamiento de Fiscalía y partes sobre juicio oral o sobreseimiento. También se sitúan las medidas cautelares, la comparecencia ligada a protección y las particularidades operativas del Juzgado de Guardia.

La materia se sitúa en la salida de las diligencias urgentes hacia el juicio oral. Comprende la prueba pericial, las posiciones del Ministerio Fiscal y de la acusación particular ante el sobreseimiento, y la apertura del juicio. Revisa la resolución que la acuerda, su posible impugnación, la solicitud inserta en acusación y la conformidad del acusado cuando no existe acusación particular.

Se contrastan las solicitudes coincidentes o divergentes de Fiscalía y acusación particular, así como el margen judicial ante ellas. Hay que relacionar apertura, sobreseimiento, escrito de acusación y resolución correspondiente, sin confundir sus trámites. Las preguntas también exigen identificar el momento y lugar para manifestar conformidad y aplicar el plazo de presentación de escritos cuando intervienen diversas partes acusadoras.

El cuestionario desarrolla la preparación del juicio oral rápido tras la acusación. Atiende al escrito de defensa del acusado, la posibilidad de pedir plazo para elaborarlo y las consecuencias de su presentación. Trata el señalamiento de fecha y hora, la intervención de los órganos enjuiciadores y la ordenación de señalamientos. Incluye el contenido del escrito de acusación y la falta de presentación por el Ministerio Fiscal.

Se exige ordenar acusación, defensa, eventual solicitud de plazo y citación para el juicio oral. Las preguntas hacen relacionar el órgano competente con el señalamiento y diferenciar su función de la desempeñada por el Juzgado de Guardia. También se comparan los efectos de la conformidad o su ausencia, los requisitos del escrito acusatorio y la reacción procesal ante la inactividad del Ministerio Fiscal.

El foco está en el juicio oral del procedimiento rápido ante el Juzgado de lo Penal. Abarca la falta de escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la admisión de prueba y la incorporación de documentos. Examina el señalamiento cuando el acto no puede celebrarse o concluirse, la asistencia de acusado y defensa, y los supuestos de ausencia de uno o varios acusados.

Las operaciones de práctica consisten en distinguir el papel del Juzgado de lo Penal frente a Fiscalía y partes durante la admisión probatoria. Se comparan causas de aplazamiento, continuación del juicio y exigencias de presencia. Los casos obligan a identificar las condiciones de celebración en ausencia, atendiendo a varios acusados, representación procesal y los requisitos específicos que deben concurrir para mantener el juicio oral.

Se centra en el enjuiciamiento rápido de determinados delitos desde la apertura del juicio oral hasta la sentencia, junto con incidencias que condicionan esa vista. Reúne la presencia del tercero responsable civil, el examen de artículos de previo pronunciamiento y la intervención de las partes ante la competencia del órgano judicial. También incorpora la instrucción procedente de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer y las actuaciones atribuidas al Letrado de la Administración de Justicia.

Se ejercita la distinción entre incidencias que permiten continuar la celebración y las que alteran su curso, así como el orden de los momentos procesales. Obliga a relacionar el inicio del juicio oral con el planteamiento previo, la oportunidad de discutir competencia y la decisión posterior a la vista. Además, contrasta quién dicta la sentencia, su posible formulación durante el acto y su comunicación a ofendidos y perjudicados.

Los recursos frente a sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial centran este recorrido del enjuiciamiento rápido. Se incorporan la apelación, las alegaciones de las demás partes y la vista que precede a la decisión impugnatoria. También se plantean una condena dictada en ausencia y las condiciones para que el Juzgado de guardia pueda emitir una sentencia de conformidad.

El razonamiento procesa qué medio de impugnación corresponde a cada sentencia y separa su interposición de las alegaciones y de la resolución posterior. Se contrasta la situación del acusado ausente con el cauce ordinario de apelación, evitando equiparar ambos supuestos. La parte final vincula la conformidad con el órgano que la dicta, la existencia de acusación particular y las circunstancias que condicionan sus efectos.

Se profundiza en la conformidad ante el Juzgado de Guardia dentro del procedimiento rápido. Los enunciados conectan el ámbito de penas y delitos con la pena interesada por la acusación, el control judicial de la conformidad y la sentencia resultante. Se añaden el beneficio aplicable, la suspensión o sustitución de penas y la relevancia de certificaciones para resolver sobre privación de libertad.

La práctica exige comprobar conjuntamente límites de pena, tipo delictivo y presupuestos de la conformidad, sin reducir el análisis a la petición del acusado. Hay que diferenciar la voluntad manifestada por la defensa del control que corresponde al Juzgado de Guardia. También se comparan efectos sobre las penas solicitadas, decisiones de suspensión o sustitución y requisitos documentales asociados a determinadas situaciones personales.

La primera parte examina la conformidad ante el Juzgado de Guardia: certificación vinculada a tratamiento de deshabituación, situación del condenado tras la sentencia y presencia de acusación particular. Distingue la forma de manifestar conformidad ante Guardia o ante el Juzgado de lo Penal. El cierre cambia a testigos en juicio oral y a la prórroga de la investigación judicial.

Se deben relacionar acusación particular, Ministerio Fiscal y acusado con el momento procesal adecuado para prestar conformidad. Se contrastan las decisiones posteriores del Juez de Guardia sobre libertad o prisión y los requisitos de certificación. Además, el cuestionario pide identificar consecuencias ante la negativa del testigo, quién puede solicitar prórroga, la audiencia previa de partes y la duración de los periodos de investigación.

El contenido se desplaza a los plazos y prórrogas de investigación judicial, incluida la instrucción compleja del sumario y las resoluciones que recaen sobre su solicitud. A continuación sigue el procedimiento ordinario penal tras los escritos de las partes: apertura del juicio oral, sobreseimiento libre y procesamiento. Se contempla también la reforma frente al auto que deniega procesar.

La resolución de preguntas obliga a distinguir forma de la decisión denegatoria, recursos frente a la estimación y actuación del instructor una vez agotado el plazo. Deben ordenarse los trámites desde los escritos hasta la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Asimismo se comparan las causas de sobreseimiento libre y el efecto de una decisión favorable sobre procesamiento tras la impugnación previa.

Se enlazan dos materias: el procesamiento dentro del sumario y la aplicación del procedimiento rápido. La apertura trata la reiteración de una petición de procesamiento ante la Audiencia Provincial y la decisión sobre conclusión del sumario. Después aparecen supuestos de lesiones familiares, estafa y delitos excluidos, junto con reglas supletorias, actuaciones con víctimas y análisis de sustancias aprehendidas.

Se exige separar el momento para reiterar procesamiento de la resolución sobre conclusión del sumario. En el procedimiento rápido hay que valorar conjuntamente delito, atestado, detención o citación y circunstancias adicionales, sin confundir ámbito material y requisitos de inicio. También se contrastan deberes de Policía Judicial respecto de víctimas, sustancias estupefacientes y plazo de remisión del resultado al Juzgado de Guardia.

El test recoge diligencias policiales iniciales del procedimiento rápido. Incluye pruebas de drogas en conductores, tasación de objetos que no pueden remitirse, advertencias a denunciado, testigos y denunciante, y la fijación de comparecencias. Después sigue la ordenación de servicios de guardia, entrega del atestado, puesta a disposición de detenidos y la eventual incoación de diligencias urgentes por el Juzgado de Guardia.

La práctica requiere asignar cada apercibimiento a quien ha sido citado y diferenciar las actuaciones sobre objetos, sustancias o pruebas en vehículos. Se ordena la secuencia desde la actuación de Policía Judicial hasta la recepción judicial del atestado. Asimismo se relacionan la autoridad que organiza citaciones, el Juzgado competente y las alternativas que surgen cuando procede iniciar diligencias urgentes.

Tras la recepción del atestado, se examina la decisión del Juzgado de Guardia sobre incoar diligencias urgentes y las actuaciones que siguen. El bloque incluye diligencias obligatorias, participación del Ministerio Fiscal, testigos y tasación de efectos de hurto o robo. Añade la citación de personas necesarias, diligencias realizables durante la guardia y la prueba anticipada dentro del procedimiento rápido.

Las cuestiones obligan a comparar el supuesto en que no se abren diligencias urgentes con aquel que permite practicarlas. Se identifican actuaciones necesarias y facultativas del Juzgado, la intervención fiscal y las obligaciones posteriores del testigo. También se relacionan tasación, circunstancias para el juicio rápido y prueba anticipada, atendiendo a cuándo puede acordarse y a los requisitos de su práctica.

El cuestionario articula garantías de defensa y decisiones posteriores en las diligencias urgentes. Parte de la asistencia de letrado al detenido, su eventual renuncia y la representación de la defensa. Examina la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con atestado y detenido. Finaliza con autos orales, recursos y alternativas judiciales cuando las diligencias resultan suficientes o insuficientes.

Se requiere situar la intervención del abogado desde el momento correspondiente y diferenciar asistencia, renuncia y habilitación representativa. Los casos relacionan competencia por Violencia sobre la Mujer con la regularización de la situación personal del detenido. También hay que clasificar la forma de los autos, identificar el recurso posible y comparar la continuación hacia juicio oral con la transformación en diligencias previas.

Se recorre el final de las diligencias urgentes y el paso hacia juicio oral o sobreseimiento en el procedimiento rápido. Incluye la forma y recurribilidad de los autos, el pronunciamiento del Ministerio Fiscal y las partes, y el régimen de guardias de veinticuatro horas. Se incorpora la prueba pericial y el contraste entre las solicitudes de Fiscalía y acusación particular respecto de apertura o sobreseimiento.

La práctica pide ordenar resoluciones posteriores a diligencias suficientes y distinguir documentación oral, autos escritos y recursos. Deben relacionarse las posiciones de Ministerio Fiscal y acusación particular con las decisiones sobre juicio oral o sobreseimiento. También se comparan las reglas periciales con la secuencia procesal, identificando qué órgano resuelve y qué efectos tiene la petición de apertura formulada por una o varias acusaciones.

La descripción enlaza apertura del juicio oral en el procedimiento rápido con sus actuaciones iniciales de Policía Judicial. Trata la resolución de apertura, su impugnación y el escrito de acusación cuando actúa solo el Ministerio Fiscal. Después aborda órganos instructores, atestado por hurto, asistencia al ofendido lesionado, plazo de actuaciones policiales, citaciones ante Guardia y prueba anticipada.

Los ejercicios exigen separar la fase de acusación de la fase policial, ordenando apertura, presentación de escritos y recursos. Se relacionan los órganos instructores con el procedimiento aplicable y se comprueba qué circunstancias activan el cauce rápido desde un atestado. También se distinguen asistencia a ofendidos, diligencias practicables durante guardia, citación de personas necesarias y condiciones para acordar prueba anticipada.

El bloque combina garantías en diligencias urgentes y apertura del juicio oral rápido con la regulación del proceso penal ordinario. Comprende la renuncia del detenido a abogado, competencia de Violencia sobre la Mujer, plazo de personación de ofendidos y apertura solicitada por acusaciones. La segunda parte aborda cuándo se solicita y acuerda la apertura del juicio oral ordinario y el papel de Ministerio Fiscal y querellante.

Hay que comparar los presupuestos de renuncia a asistencia letrada con las consecuencias procesales de un atestado con detenido. Se distinguen las peticiones de apertura procedentes de Fiscalía, acusación particular o querellante, así como sus efectos en los dos cauces. Las preguntas requieren ordenar personación, solicitudes y resolución, identificando qué elementos pertenecen al procedimiento rápido y cuáles al juicio oral ordinario.

Se estudia la fase de calificación tras la apertura del juicio oral en el proceso penal ordinario. Incluye la comunicación de la causa, el plazo y posible ampliación para presentar escritos, el contenido de conclusiones y los órganos ante los que puede celebrarse el juicio. Examina igualmente la intervención de Ministerio Fiscal, acusador particular, actor civil y acusador privado según la naturaleza del delito.

La resolución requiere ordenar la entrega de la causa y la sucesión de escritos de calificación, distinguiendo quién los formula en delitos públicos o privados. Se comparan funciones del Magistrado Ponente y del Letrado de la Administración de Justicia, así como los destinatarios de la comunicación. También hay que reconocer los extremos que integran las conclusiones y asociar cada modalidad de acusación con su intervención procesal.

En el proceso penal ordinario, el foco está en la prueba tras los escritos de calificación y durante el juicio oral. Se incluyen testigos, peritos y prueba anticipada cuando existen dificultades para su práctica posterior. El contenido alcanza la apertura del juicio, la competencia para admitir o rechazar propuestas, la forma de la resolución y las impugnaciones relacionadas con la admisión de pruebas o diligencias anticipadas.

Se ejercita la secuencia entre calificación, apertura del juicio oral, propuesta probatoria y decisión judicial. Las preguntas distinguen la prueba de testigos o peritos de la anticipada, y separan la admisión de la denegación. También relacionan el tipo de resolución con el recurso que puede plantearse, atendiendo a si se discute una prueba propuesta o una diligencia cuya realización futura resulte incierta.

La materia continúa en el juicio oral ordinario después de resolver sobre la prueba. Examina la impugnación de la denegación de diligencias, el señalamiento de sesiones y la información a la víctima sobre fecha y lugar. Incluye exhortos o mandamientos para citación de testigos y peritos, las consecuencias de sus incomparecencias y el incidente de recusación de peritos.

Se ha de distinguir entre admitir, denegar y practicar prueba, vinculando cada decisión con la autoridad que fija el señalamiento y con el recurso aplicable. Los casos requieren ordenar la citación mediante exhortos y su devolución, así como separar causas legítimas de incomparecencias injustificadas. También se sitúan los plazos del incidente de recusación y el traslado a quien pretende valerse del perito cuestionado.

El cuestionario reúne actuaciones preparatorias del juicio ordinario y artículos de previo pronunciamiento. En la primera parte aborda recusación de peritos, resolución del incidente, recursos, constitución de una sección en localidad determinada y traslado de procesados presos. La segunda identifica las cuestiones o excepciones que pueden proponerse como artículos de previo pronunciamiento dentro del proceso penal ordinario.

Se exige relacionar cada trámite de recusación con el órgano que decide, la forma de su resolución y la impugnación disponible. También se diferencian competencias para organizar la celebración del juicio y para conducir procesados. En las cuestiones previas, la práctica consiste en clasificar supuestos como procedentes o improcedentes y situar el momento procesal en que pueden formularse antes de entrar al fondo.

Se dedica íntegramente a la tramitación de artículos de previo pronunciamiento en el proceso penal ordinario. Comprende la contestación de las demás partes, reclamación de documentos, apertura del periodo de prueba y tipos de prueba admitidos. Sigue con los escritos posteriores, la resolución de las cuestiones y el orden de examen cuando se plantean varios artículos simultáneamente.

El ejercicio requiere construir la secuencia procesal desde el planteamiento hasta la decisión, sin confundir traslado, reclamación documental y actividad probatoria. Se comparan las competencias para acordar documentos y resolver las cuestiones, junto con los plazos aplicables a partes y prueba. Además, se debe reconocer qué medios probatorios quedan excluidos y priorizar correctamente las cuestiones cuando concurren varios artículos de previo pronunciamiento.

Se examinan los efectos de los artículos de previo pronunciamiento en el proceso ordinario. Los supuestos comprenden declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito y falta de autorización para procesar. Se incluyen las decisiones del Tribunal sobre cada excepción, los recursos frente a autos de admisión o desestimación y la posibilidad de reproducir cuestiones previas durante el juicio oral.

La práctica consiste en asociar cada excepción con sus consecuencias procesales cuando el Tribunal la estima o rechaza. Deben distinguirse los recursos disponibles según el auto y la cuestión planteada, especialmente entre cosa juzgada, autorización administrativa y declinatoria. También se compara qué cuestiones desestimadas pueden volver a invocarse como medios de defensa durante el juicio oral y cuáles quedan sometidas a un tratamiento diferente.

El recorrido se concentra en las sesiones del juicio oral del proceso penal ordinario: la desestimación de cuestiones previas y la posterior calificación, la presencia de medios de comunicación audiovisuales, las restricciones de grabación y la publicidad de las audiencias. También aborda la dirección de los debates, las funciones del presidente y la intervención de quienes concurren ante el Tribunal.

Se contrasta cuándo se comunica nuevamente la causa tras las cuestiones, a qué partes se dirige esa actuación y cómo se enlaza con la calificación. Exige distinguir las facultades del presidente respecto de los debates y de las personas que toman la palabra, relacionar Tribunal y sesiones, y situar la conformidad del procesado con la acusación en su momento procesal. Asimismo, pide separar asistencia audiovisual, presencia y grabación.

La conformidad ocupa el núcleo del proceso penal ordinario: sus requisitos, la decisión de continuar el juicio y el supuesto de discrepancia limitada a la responsabilidad civil. Se añaden las sesiones del juicio oral cuando interviene la confesión del procesado, la falta de conformidad de los acusados y el inicio de la actividad probatoria.

Las situaciones planteadas obligan a diferenciar una conformidad eficaz de los casos en que procede la continuación del juicio, vinculando acusación, procesado y responsabilidad civil. También requieren ordenar la secuencia entre sesiones, confesión y pruebas, identificar quién ofrece las primeras pruebas y reconocer cuándo se proponen, admiten o inadmiten. La comparación se mantiene dentro del proceso ordinario y evita confundir los papeles del Tribunal y del ponente.

El juicio oral ordinario se examina desde la práctica de las pruebas y su orden, incluyendo la posibilidad de alterarlo para el esclarecimiento de los hechos. El bloque dedica especial atención a los testigos: su declaración previa en sumario, la negativa a declarar, las consecuencias procesales, la indemnización por comparecencia y la intervención de autoridades de Policía judicial.

Se pide situar las pruebas admitidas en el acto correspondiente y relacionar el orden propuesto por las partes con la facultad del presidente para modificarlo. Las comparaciones abarcan el tratamiento del testigo que declara en sumario y juicio oral frente al que se niega, así como los criterios para fijar su indemnización y el recurso ligado a esa resolución. También se distingue el valor de las declaraciones de Policía judicial.

Se combinan la presentación electrónica de escritos y documentos con decisiones finales de varios cauces penales. Aparecen las incidencias de comunicaciones telemáticas, la sentencia en delitos leves, procedimiento abreviado y enjuiciamiento rápido, además de la ejecución de un auto de prisión mediante comunicaciones dirigidas a quienes intervienen en su cumplimiento.

Las discriminaciones reclaman aplicar plazos de presentación y de sentencia según el cauce, y distinguir una interrupción del servicio telemático de una insuficiencia técnica. También exigen relacionar el auto de prisión con los destinatarios de los mandamientos, separar responsabilidades que puede determinar la sentencia y comparar principios presentes en instrucción y juicio oral. El contenido alterna actuaciones electrónicas, resoluciones y garantías procesales sin reducirlas a un solo procedimiento.

La materia enlaza conceptos personales del proceso con la estructura inicial de la persecución penal. Incluye la denominación de investigado o encausado, el ámbito del procedimiento ordinario, las funciones de la instrucción y las resoluciones judiciales. Después aborda denuncia, querella, clases de delitos, declaración como procesada y contenidos del derecho de defensa.

Los enunciados piden distinguir terminología procesal y tipos de resolución, separar investigación de sentencia y encajar el procedimiento ordinario según la gravedad del delito. También requieren comparar las vías de inicio por sus efectos de personación y por el lugar de presentación, relacionar delitos públicos, semipúblicos y privados con la denuncia o querella, y reconocer el momento vinculado a indicios racionales. Finalmente, se contrastan facultades incluidas o ajenas al derecho de defensa.

Las medidas cautelares del juez de instrucción abren el bloque mediante un supuesto de robo y otro de entrada en domicilio tras una denuncia policial. Se conectan con las responsabilidades de la sentencia, los principios que atraviesan instrucción y juicio oral, la terminología posterior a la reforma y las nociones del procedimiento ordinario.

El análisis exige separar la citación judicial de los presupuestos de prisión y valorar los datos relevantes en una actuación policial ante una vivienda. Asimismo, obliga a relacionar instrucción, diligencias y preparación del juicio con las resoluciones que emite el juez, y a diferenciar categorías personales como investigado o encausado. La práctica compara la gravedad de los delitos con el procedimiento ordinario y enlaza principios, medidas cautelares y responsabilidades.

La iniciación del procedimiento penal se vincula con la denuncia en comisaría, la querella y la clasificación de delitos públicos, semipúblicos y privados. Después aparecen la declaración de una persona como procesada, el derecho de defensa y las medidas cautelares del juez de instrucción. Un supuesto de robo con fuerza conduce a examinar la prisión, junto a la conformidad, la desvinculación judicial y la última palabra del acusado.

Se practican límites entre formas de promover el proceso y la continuidad de la actuación según la clase de delito. El test diferencia el momento procesal de declarar procesada a una persona de la detención policial, y conecta defensa con asistencia, traducción e interpretación. Finalmente, separa las medidas cautelares de la decisión sobre prisión y relaciona conformidad, recalificación judicial y última palabra con etapas distintas del enjuiciamiento.

La denuncia de delitos semipúblicos y el deber de denunciar sirven de entrada a un bloque centrado en el procedimiento abreviado. Se estudian su ámbito de aplicación, la instrucción y el enjuiciamiento, junto con la competencia del Juzgado de lo Penal, la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional. Dos supuestos territoriales plantean la coexistencia de órganos que tramitan una misma causa.

Hay que asociar cada clase de delito con quién puede denunciar y distinguir el límite de aplicación del abreviado de los criterios de competencia por penas. Los enunciados exigen separar la labor instructora de la enjuiciadora, relacionar cada órgano con su función y resolver la concurrencia entre jueces o juzgados en una zona fronteriza. Se contrasta, por tanto, competencia objetiva, funcional y territorial dentro de una causa penal.

Los recursos contra autos de Jueces de Instrucción y Jueces de lo Penal se estudian junto con las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial. El bloque enlaza esas impugnaciones con la investigación judicial del procedimiento ordinario por delitos graves y con las diligencias del procedimiento abreviado, incluyendo la presencia de abogado y procurador durante la instrucción.

Se distinguen los nombres de las fases de investigación según el cauce procesal y la necesidad de intervención profesional en instrucción. El contenido compara la admisión y la inadmisión de prueba, la forma de la resolución que las decide y los recursos vinculados a cada caso. Además, relaciona la asistencia del responsable civil con la posibilidad de celebrar el juicio oral sin convertir esa presencia en una cuestión probatoria.

La celebración del juicio oral en ausencia del acusado se vincula con la conformidad y con la sentencia oral del procedimiento abreviado. A continuación se abordan la apelación contra sentencias, sus motivos, el desarrollo de la vista ante el órgano de apelación y el recurso de anulación. El cierre delimita materias atribuidas al Tribunal del Jurado.

Las comparaciones exigen distinguir ausencia, conformidad y desacuerdo del defensor, así como reconocer los límites de la sentencia oral. Se practica la separación entre motivos de apelación, plazo de interposición y condiciones de la vista, relacionando cada uno con el órgano de apelación. También se identifica el ámbito de la anulación tras una sentencia dictada sin acusado y se contrasta la competencia del Tribunal del Jurado con delitos que quedan fuera de ella.

Los delitos leves se examinan desde la constitución del Tribunal del Jurado y, sobre todo, desde el órgano encargado de su enjuiciamiento. Se incluyen la función del Juzgado de Guardia, las características del procedimiento, la asistencia de abogado, un supuesto temporal, los antecedentes penales y un caso de alcoholemia al volante.

El bloque pide relacionar delitos leves con el órgano competente y diferenciar los casos en que interviene o no el Juzgado de Guardia. Exige valorar la necesidad de abogado, el tratamiento de antecedentes penales y las consecuencias que pueden plantearse en alcoholemia. Finalmente, se comparan apelación y sentencia, y se reconoce cuándo la asistencia del encausado condiciona el enjuiciamiento. Las operaciones combinan competencia, garantías y efectos de resoluciones.

El primer tramo trata los delitos leves: enjuiciamiento inmediato, sentencia, apelación y plazo de recurso. El segundo se orienta al enjuiciamiento rápido, con su ámbito general, delitos excluidos, requisitos adicionales y diligencias de instrucción. Incluye además el secreto de actuaciones y el señalamiento del juicio oral tras el escrito de defensa.

Se requiere ordenar los pasos del juicio por delitos leves desde el enjuiciamiento hasta la apelación y distinguir el momento de dictar sentencia del plazo para recurrir. Respecto del enjuiciamiento rápido, se comparan límites de pena, requisitos del hecho y delitos incluidos o excluidos. También se relacionan diligencias, secreto de actuaciones y Jueza de Instrucción, y se ubica el señalamiento tras la presentación del escrito de defensa.

La ejecución penal articula este bloque: requisitos para ejecutar una sentencia, consecuencias de una absolución con prisión, ejecución de delitos leves y graves, y fijación de responsabilidad civil. Se identifican asimismo los órganos que participan en la ejecución, la autorización de entrada en prisión, las causas de extinción de responsabilidad penal y la tramitación de la responsabilidad civil.

Las cuestiones requieren asociar sentencia, firmeza y ejecución, diferenciando los efectos de una resolución absolutoria para el procesado privado de libertad. Se compara la competencia según se trate de delito leve o grave y se separa el papel del juez sentenciador de Instituciones Penitenciarias y del Juez de Vigilancia Penitenciaria. También obliga a situar la responsabilidad civil, distinguir sus vías de instrucción y reconocer causas de extinción penal.

Las fianzas hipotecaria y pignoraticia abren el análisis de la tasación de bienes y de la decisión judicial que fija una fianza. A continuación se examina el embargo respecto de la responsabilidad civil y se enlaza con la apelación de autos y sentencias en procedimientos abreviado y ordinario. El cierre se dedica a la casación de resoluciones procedentes de varias Audiencias y Salas.

Se practican las diferencias entre garantía, tasación y embargo, así como la posibilidad de impugnar el auto que determina la fianza. El test ordena los recursos de apelación según recaigan sobre autos o sentencias y según el procedimiento de origen. También diferencia los efectos de un recurso y relaciona la casación con el órgano que dictó la sentencia, separando las instancias provinciales, autonómicas y nacionales.

Se aborda la arquitectura de los recursos mediante el doble juicio rescindente y rescisorio, los efectos devolutivo y suspensivo, y un supuesto de apelación contra auto del juez de lo penal. Se suma la libertad del preso y el enjuiciamiento rápido: acusación particular, calificación fiscal, diligencias, ámbito de aplicación y citaciones en delitos leves.

La práctica reclama separar el recurso en que aparecen los juicios rescindente y rescisorio de otros cauces, y reconocer el efecto adicional de una impugnación. Hay que aplicar el plazo al auto en procedimiento abreviado y vincular la libertad del preso con la actuación documental pertinente. En el juicio rápido, se comparan consecuencias de la falta de escrito fiscal, requisitos de incoación y delitos incluidos, mientras las citaciones informan a denunciante, ofendido y perjudicado.

La práctica combina incidencias del juicio sobre delitos leves con la conformidad en juicio rápido. Trata la suspensión o continuación del acto, la residencia fuera de la demarcación, la sentencia, la querella, la citación policial y la firmeza. Para el enjuiciamiento rápido incorpora la citación del denunciado y la aplicación subsidiaria del procedimiento abreviado.

Los enunciados obligan a ordenar señalamiento, citaciones, juicio y sentencia cuando el acto no puede celebrarse o concluirse, distinguiendo la situación del denunciado que reside fuera de la demarcación. También se contrasta qué información debe suministrar la Policía judicial y cuándo puede declararse firmeza. En el juicio rápido, hay que relacionar requisitos y conformidad, identificar quién cita si no hubo detención y seleccionar el cauce subsidiario ante una laguna específica.

El enjuiciamiento rápido se conecta con la sentencia del Juez de lo Penal y la competencia de la Audiencia Provincial, junto con el reparto de causas por penas privativas de libertad. El bloque incorpora sistema inquisitivo, inmediación, cuestiones de competencia, detención, asistencia del Abogado y fianza hipotecaria dentro del sumario.

Se requiere relacionar órgano, pena y competencia sin confundir primera instancia y procedimiento abreviado. Las preguntas contrastan una característica del sistema inquisitivo con el principio de inmediación y distinguen conflictos de competencia entre órganos. También exigen aplicar plazos a la situación del detenido y a la llegada del Abogado al centro de detención. Finalmente, se identifica la modalidad de otorgamiento de fianza hipotecaria y su conexión con el sumario.

El sumario ordinario reúne fianzas hipotecarias, entrada y registro, prisión provisional y las actuaciones posteriores a la apertura del juicio oral. Se examinan el traslado para calificación, el sobreseimiento provisional, el examen de pruebas por el ponente y la conclusión del sumario con la comparecencia del procesado ante la Audiencia.

Hay que distinguir quién tasa los bienes de fianza y qué órgano cursa la orden de entrada y registro, además de relacionar la falta de fianza con su consecuencia procesal. El recorrido exige ordenar apertura, traslado de la causa, calificación, auto y examen de pruebas. También se contrastan los presupuestos del sobreseimiento provisional, el contenido de la resolución tras confirmarse la conclusión y el plazo para la comparecencia del procesado ante la Audiencia.

Las cuestiones de previo pronunciamiento y el sobreseimiento abren un bloque que transita al juicio oral: información a la víctima, propuesta y admisión de pruebas, contradicciones del testigo y señalamiento. El último tramo se centra en el procedimiento abreviado, su ámbito, la petición de apertura del juicio oral y la eventual celebración sin acusado.

La tarea consiste en situar las cuestiones antes del juicio y separar los supuestos de sobreseimiento de las actuaciones de prueba. Se comparan el deber de información a la víctima y los momentos de propuesta, admisión y señalamiento, así como el tratamiento de una declaración de testigo distinta de la prestada en sumario. En el abreviado hay que aplicar límites de pena, ordenar acusaciones y apertura, y valorar los requisitos de celebración en ausencia del acusado.

El procedimiento abreviado se sigue desde el auto de apertura del juicio oral hasta las medidas de naturaleza civil. Incluye la personación del perjudicado, la información de derechos al imputado en diligencias previas, el informe pericial, el recurso de la víctima ante el sobreseimiento, la actuación del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Los enunciados obligan a relacionar el auto de apertura con el órgano que lo dicta y con su régimen de recurso, distinguiéndolo del sobreseimiento en diligencias previas. También requieren ordenar la información de derechos, la intervención del perjudicado, la pericial y los escritos de acusación. Se contrasta el impulso y simplificación atribuidos en el abreviado con las decisiones cuando Fiscal y acusación particular mantienen posiciones distintas, además de identificar quién solicita medidas civiles.

La orden de protección se trata mediante su recurso, inscripción y comparecencia previa. Después el foco pasa al procedimiento abreviado: apertura del juicio oral, emplazamiento del acusado y anulación de la sentencia dictada en ausencia. El bloque termina con medidas civiles y reglas de citación, sentencia y recurso en el juicio por delitos leves.

Se pide diferenciar registro, comparecencia y recurso vinculados a la orden de protección, aplicando su plazo sin trasladarlo a otros trámites. En el abreviado se ordenan apertura, emplazamiento y recurso de anulación del condenado ausente, relacionando cada actuación con el acusado. Finalmente, se contrastan las medidas de naturaleza civil con la citación derivada de querella y se identifican los plazos y recursos propios de una sentencia por delitos leves.

Los delitos leves protagonizan este test mediante ejecución de sentencia, notificación a ofendidos y perjudicados, procedimiento inmediato, localización permanente y citaciones. Se plantea además el valor de la declaración del denunciante cuando la persecución exige denuncia. El cierre enlaza la aceptación de decreto y la transformación de diligencias urgentes en un tratamiento de delito leve.

Las operaciones exigen asociar la ejecución con el órgano correspondiente y distinguir notificación, citación y declaración del denunciante. Se comparan delitos susceptibles o no de enjuiciamiento inmediato, así como las facultades de Policía judicial ante la persona denunciada. También se debe relacionar la localización permanente con el plan de ejecución, situar la aceptación de decreto en su momento y reconocer la decisión del Juez de Guardia cuando estima leve el hecho investigado.

El bloque reúne el juicio rápido, la libertad tras sentencia absolutoria y la ejecución penal. Incluye trabajos en beneficio de la comunidad, ejecución provisional de responsabilidad civil, órgano ejecutor en el procedimiento abreviado y órganos sentenciadores. Se añaden aceptación de decreto, derechos del detenido y el llamamiento del procesado declarado rebelde.

Se contrasta la falta de escrito de acusación fiscal en el juicio rápido con las actuaciones que siguen, y se relaciona absolución, procesado privado de libertad y puesta en libertad. También obliga a distinguir quién ejecuta penas y pronunciamientos civiles, separando órganos sentenciadores de los que no lo son. Las últimas discriminaciones sitúan los requisitos de aceptación de decreto, la conservación de derechos durante detención y el mecanismo procesal dirigido al rebelde.

Se cruzan conflictos de competencia en el procedimiento abreviado, requisitos de aceptación de decreto y artículos de previo pronunciamiento. La segunda mitad se dedica al enjuiciamiento rápido: conformidad ante el Juzgado de Guardia, ámbito de aplicación, insuficiencia de diligencias y actuación tras el atestado en delitos leves. También se delimita el procedimiento ordinario por gravedad.

Las preguntas requieren distinguir la duda de competencia de otros incidentes y reconocer cuándo cabe prueba en artículos de previo pronunciamiento. Dentro del juicio rápido se comparan requisitos, beneficio y momento de conformidad, además de ordenar la reacción del Juez de Guardia cuando las diligencias son insuficientes. Se contrastan archivo y señalamiento tras atestado, y se aplica el umbral de pena para separar procedimiento ordinario y enjuiciamiento rápido.

Entrada y registro en lugar cerrado, observación de comunicaciones y detención integran el núcleo del test. Se abordan edificios o locales públicos, notificación del auto en vivienda particular, urgencia relacionada con bandas armadas, resistencia durante el registro y situación del detenido condenado en rebeldía. Finaliza con la conformidad ante el Juez de Guardia en enjuiciamiento rápido.

La práctica exige distinguir espacios públicos y vivienda particular, relacionar el auto con su destinatario y comparar la intervención judicial ordinaria con la urgencia en comunicaciones telegráficas. También obliga a aplicar los plazos de detención y separar la resistencia al registro de la actuación policial de propia autoridad. El supuesto de condenado rebelde requiere situar la decisión judicial posterior a la entrega, mientras que el último bloque identifica los requisitos de sentencia de conformidad.

El juicio por delitos leves se desarrolla desde la situación del denunciado fuera de la demarcación hasta las citaciones, comparecencia, sentencia y apelación. Se introducen supuestos con partes que no asisten, información al denunciado por Policía judicial y atestado iniciado por denuncia directa del ofendido. También aparece el señalamiento cuando no cabe celebrar el juicio durante la guardia.

Se pide diferenciar la residencia fuera de la demarcación de otros motivos de inasistencia, relacionar la comparecencia con la multa y reconocer qué extremos debe comunicar la Policía judicial. Las preguntas obligan a ordenar atestado, decisión judicial, citaciones, juicio y sentencia, aplicando los plazos de sentencia y apelación. El cierre exige identificar el órgano que debe señalar cuando la competencia corresponde al propio Juzgado de Instrucción y el acto no se celebra en guardia.

Se enlazan sentencia y apelación en delitos leves con apelación posterior a una sentencia dictada en ausencia. El resto trata fianzas y embargos, tasación de bienes, entrada y registro en lugares cerrados, correspondencia privada, asistencia del Abogado al detenido, prisión provisional y admisión de pruebas.

Las comparaciones demandan aplicar los plazos de sentencia y recurso, distinguiendo la situación del reo ausente. En materia patrimonial se relacionan fianzas, embargos y peritos con su pieza procesal. También hay que separar la entrada y registro ordinarios de las exigencias en templos, identificar quién practica la apertura de correspondencia y calcular el plazo del Abogado. Finalmente, se sitúan las medidas tras una audiencia no celebrada y las consecuencias del auto de admisión de pruebas.

El sumario ordinario se examina desde su terminación y el sobreseimiento provisional hasta las cuestiones de previo pronunciamiento y la prueba en juicio oral. A ello se añaden el procedimiento abreviado, el sobreseimiento libre, la prisión provisional, los recursos de la LECrim y los supuestos de suspensión judicial del juicio.

Se requiere ordenar diligencias, conclusión del sumario y decisión de sobreseimiento, diferenciando las clases de sobreseimiento por sus presupuestos. Las preguntas contrastan materias que pueden integrar artículos de previo pronunciamiento y excepciones a las listas de testigos o pruebas. También obligan a aplicar el ámbito del procedimiento abreviado, identificar recursos no contemplados y valorar cuándo el Tribunal puede acordar suspensión del juicio oral. El bloque combina fases previas, recursos y desarrollo del plenario.

Una orden de protección con menores afectados abre el bloque, seguida de la conformidad en juicio ordinario cuando se discute la responsabilidad civil y de la rebeldía durante el juicio oral. Se añaden citaciones y sanciones en delitos leves, investigación policial en juicio rápido, escrito de defensa, apelación y sentencia.

Los supuestos exigen distinguir medidas de contenido penal relacionadas con hijos e hijas de otras decisiones de protección. También requieren separar responsabilidad criminal y civil al valorar la conformidad, y situar la rebeldía si el juicio oral está pendiente. En delitos leves se comparan documentos que acompañan la citación, residencia del presunto culpable y sanciones por incomparecencia. El tramo rápido obliga a ordenar investigaciones, apertura, defensa, apelación y sentencia, aplicando sus plazos.

El enjuiciamiento rápido reúne requisitos para sentencia de conformidad ante el Juzgado de Guardia, delitos excluidos, secreto de actuaciones y continuación del juicio oral. Se combina con reglas de delitos leves ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y con recursos contra autos del procedimiento abreviado. Un supuesto concreta el límite de pena del juicio rápido.

Hay que relacionar la conformidad con sus requisitos y con el recurso contra las sentencias que la recogen, separándola de la interrupción del juicio oral. Se comparan delitos comprendidos y excluidos en el enjuiciamiento rápido, así como la tramitación cuando existe secreto de actuaciones. Para delitos leves se identifica a quién se cita y qué órgano ordena señalamientos cuando interviene el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Finalmente se distinguen los recursos contra autos del abreviado.

Las diligencias urgentes de juicio rápido se presentan mediante actuaciones iniciales del Juzgado de Guardia, anticipación de prueba por lesiones, citación de intervinientes, apertura del juicio oral y acusación fiscal. El bloque incorpora sentencia de conformidad y apelación. Se completa con delitos leves, detención, juicio oral sin acusado, procedimiento abreviado, víctimas, penas y delincuencia organizada.

La práctica obliga a ordenar las actuaciones urgentes desde la recepción del caso hasta acusación, conformidad y apelación, distinguiendo la prueba que puede verse comprometida por la recuperación de la víctima. Exige aplicar requisitos adicionales del hecho punible y relacionar la citación con quien intervino. También compara la notificación a ofendidos con la situación del detenido, la ausencia del acusado y las facultades de las víctimas. Las últimas preguntas discriminan clases de pena y elementos de delincuencia organizada.