Plazos

El artículo 30 aborda el cómputo de plazos y contempla una novedad: los plazos pueden fijarse en horas, además de en días, meses o años. Esta posibilidad deberá estar prevista en las normas reguladoras de cada procedimiento y no es la forma más habitual de establecer un plazo. Los plazos expresados en horas se computan dentro de un día hábil y no pueden superar las 24 horas. Si la Administración necesita conceder un tiempo mayor, deberá expresarlo en días. El cómputo comienza en la misma hora y minuto en que se recibe la notificación o, en su caso, se realiza la publicación. Para aplicar esta regla es necesario distinguir los días naturales de los hábiles. En los naturales se cuentan todos los días; en los hábiles se excluyen sábados, domingos y festivos. Si durante un plazo en horas se alcanza un día inhábil, ese tiempo no se computa y el plazo continúa a la hora correspondiente del siguiente día hábil.

En el cómputo de plazos administrativos expresados en días, estos pueden ser hábiles o naturales. Para que un plazo sea de días naturales debe indicarse expresamente en la notificación recibida por la persona interesada. Si únicamente se comunica un plazo de días sin más precisión, se entiende que son días hábiles. Los días hábiles excluyen sábados, domingos y festivos nacionales, autonómicos y locales. La fijación de días naturales debe venir determinada por la norma reguladora del procedimiento o por el Derecho de la Unión Europea.

El plazo comienza a contar el día siguiente al de la notificación o publicación del acto o requerimiento. El último día es el de vencimiento y permite cumplir la obligación durante sus 24 horas. Si el vencimiento recae en un día inhábil, el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Esta regla también opera cuando el cómputo se ha realizado en días naturales; en ese caso se alude al denominado día de gracia.

Los plazos administrativos también pueden fijarse en meses o años, además de en días u horas. Su cómputo comienza el día siguiente a la recepción de la notificación o a la publicación del acto. Para determinar su finalización se aplica una regla de fecha a fecha: un plazo de un mes notificado el 13 de enero vence el 13 de febrero. Si en el mes de vencimiento no existe un día equivalente al de la notificación, el plazo concluye el último día de ese mes. Por ejemplo, ante una notificación recibida el 29 de enero y un plazo de un mes, si febrero no tiene día 29, el vencimiento será el 28 de febrero. Cuando el último día es inhábil, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente. No debe confundirse un plazo expresado en meses con un número fijo de días: un mes no equivale necesariamente a 30 días. Si se concede un mes, se computa como mes; si se conceden 30 días, se computa por días. El mismo criterio de inicio, vencimiento y prórroga se aplica a los plazos establecidos en años.

El registro electrónico puede utilizarse durante todo el año y a cualquier hora, siempre que se disponga de un medio de identificación electrónica y, cuando corresponda, de firma electrónica. Las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente pueden acudir también a una oficina de asistencia en materia de registros para presentar su documentación. Una presentación efectuada en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Sin embargo, cuando varias solicitudes se presentan en días inhábiles, conservan entre sí el orden temporal en que fueron enviadas. Así, al iniciarse la actividad administrativa el día hábil, aparecerán ordenadas según el momento de presentación producido durante esos días inhábiles. Este criterio es especialmente relevante en procedimientos de concurrencia competitiva cuando el orden de entrada determina la tramitación de solicitudes. La iniciación de los procedimientos debe respetar el estricto orden de recepción en la Administración. La alteración de ese orden puede dar lugar a exigencia de responsabilidad disciplinaria al funcionario que lo modifique.