Las Subvenciones

La tramitación de las subvenciones distingue entre el procedimiento ordinario, basado en la concurrencia competitiva, y la concesión directa. En la concurrencia competitiva se abre un plazo para que puedan presentarse quienes consideren que cumplen los requisitos; después se evalúan y analizan las solicitudes. Es el procedimiento común u ordinario. La concesión directa no implica competencia entre solicitudes. Puede tratarse de subvenciones nominativas, identificadas expresamente en el presupuesto; de ayudas cuya tramitación viene exigida por una ley; o de supuestos en los que, por su carácter humanitario o social, procede esta forma de concesión. Para iniciar un expediente de concurrencia competitiva, el centro gestor debe comprobar que existe crédito adecuado y suficiente y elaborar las bases reguladoras, que constituyen la normativa concreta de la subvención. Al implicar un gasto, el expediente queda sujeto a fiscalización previa. Si el informe de intervención es desfavorable, deben corregirse los aspectos procedentes; si es favorable, puede aprobarse el expediente.

Tras la aprobación del expediente de subvención, debe realizarse previamente la fase presupuestaria de autorización del gasto antes de su publicidad o publicación. Desde esa publicación comienza el plazo para que las personas interesadas presenten sus solicitudes conforme a las bases reguladoras. Finalizado el plazo, el órgano competente examina las solicitudes para determinar cuáles cumplen los requisitos. El primer resultado es la propuesta de resolución provisional, que se comunica también a quienes no cumplen, permitiéndoles formular alegaciones. Tras analizar este trámite se emite la propuesta de resolución definitiva, pero esta propuesta no equivale todavía a la resolución de concesión ni atribuye por sí misma la condición de beneficiario. La condición de beneficiario se adquiere con la notificación de la resolución de concesión. A partir de las personas beneficiarias y de los importes concedidos, procede la fase de disposición o compromiso del gasto, dejando constancia del importe de subvención correspondiente a cada una.

El pago de una subvención depende de lo previsto en sus bases reguladoras. Puede establecerse un pago único, que se realiza una vez que la persona beneficiaria haya justificado completamente lo exigido. Si la justificación es correcta, se percibe el importe acordado. Las bases también pueden permitir pagos anticipados o entregas a cuenta. En ese caso, se recibe dinero antes de la justificación final, pero queda condicionado al cumplimiento posterior de las obligaciones establecidas. Al finalizar el plazo de justificación, la Administración comprueba que se ha acreditado correctamente tanto la cuantía como la forma y el plazo exigidos, y abona, si procede, el importe pendiente. Si falta algún documento justificativo, la Administración lo comunica para que pueda presentarse. Tras revisar la justificación, puede ocurrir que todavía quede una cantidad por recibir, que no corresponda percibir más importe o que se haya cobrado una cantidad superior a la debida. En este último supuesto existe obligación de reintegrar el exceso recibido.

El procedimiento de reintegro se plantea cuando no se han cumplido correctamente las condiciones vinculadas a una subvención. En ese momento debe comprobarse si todavía corresponde percibir alguna cuantía o si procede devolverla. La condición de beneficiario, y también la intervención de entidades colaboradoras en la ejecución, exige no encontrarse en determinadas circunstancias impeditivas. Entre ellas figuran una sentencia judicial firme que impida ser beneficiario, la resolución culpable de un contrato, las deudas con la Administración o estar en un concurso voluntario pendiente de resolución y de establecimiento de convenio. Aunque pueda cumplirse la finalidad inicialmente prevista, estas situaciones pueden impedir mantener la condición de beneficiario.

En una subvención intervienen, como mínimo, la Administración y la persona beneficiaria. Puede participar una tercera parte: la entidad colaboradora. Esta entidad se encarga, al menos, de tramitar las justificaciones y comprobar si presentan deficiencias. Si recibe los fondos, debe entregarlos a las personas beneficiarias conforme a las condiciones fijadas en las bases reguladoras. La utilización de una entidad colaboradora no elimina los controles posteriores al cumplimiento de la finalidad subvencionada. La Administración puede revisar la documentación aportada y realizar inspecciones, incluso en la sede de la empresa, para examinar la contabilidad, las facturas y el reflejo de los gastos. La persona beneficiaria está obligada a colaborar en estas actuaciones. Los controles pueden abarcar todos los casos o realizarse mediante muestreo, según decida la Administración. Si una inspección acredita que se incluyeron facturas no subvencionables, deberán ajustarse los importes. La subvención constituye un gasto público condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones.

La ejecución presupuestaria de una convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva comienza con la retención de crédito (RC) al iniciar el expediente. Posteriormente, al aprobarse el expediente de convocatoria, se realiza la autorización del gasto (A). La disposición o compromiso de gasto (D) se produce cuando la resolución es firme y permite concretar el importe que corresponde a cada beneficiario.

El reconocimiento de la obligación (O) depende de la forma de pago prevista en las bases reguladoras. Si se establece un único pago tras la justificación, esta fase se efectúa cuando se comprueba que la documentación y la justificación son correctas. Si se contemplan pagos anticipados o entregas a cuenta, habrá tantos reconocimientos de obligación como pagos se produzcan. Tras ello se formula la propuesta de pago mediante el documento K, que se remite al Ministerio de Hacienda para que la Dirección General del Tesoro emita la orden de pago y la Tesorería realice el abono.

Cuando las subvenciones proceden de fondos de la Unión Europea destinados, por ejemplo, a comunidades autónomas, también resulta aplicable su normativa y sus plazos, además de las exigencias de justificación correspondientes.

El control financiero de las subvenciones corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado. Para realizarlo cuenta con personal controlador, encargado de llevar a cabo las actuaciones de control que resulten necesarias y de recopilar la información pertinente. Este personal tiene la condición de agente de autoridad. Por ello, tanto los beneficiarios como otros empleados públicos que dispongan de datos relevantes deben facilitar la documentación solicitada, como las facturas presentadas y la información sobre los gastos declarados. La obligación de colaboración permite comprobar si los gastos incluidos se ajustan a lo que corresponde justificar. A cambio, los agentes controladores deben mantener la confidencialidad de la información obtenida de los beneficiarios. Tras las comprobaciones, remiten la información y los informes correspondientes a la Intervención General, que emite el informe del control financiero. Si se aprecian cuestiones que deban corregirse, el responsable del centro gestor puede aceptar el criterio de la Intervención y rectificar, o manifestar su desacuerdo. En este último caso, debe esperarse a la resolución del procedimiento.

La diferencia principal entre las subvenciones de concurrencia competitiva y las de concesión directa, como las nominativas, está en su tramitación. En la concurrencia competitiva deben existir bases reguladoras y su publicación. En cambio, en una subvención nominativa el presupuesto ya identifica al beneficiario, por lo que la relación se articula mediante un convenio entre este y la Administración. El convenio recoge las obligaciones y los derechos de ambas partes. El beneficiario tiene derecho a percibir el importe en el plazo previsto y debe justificarlo conforme a lo acordado. La Administración, por su parte, puede realizar el seguimiento y establece las condiciones para la liquidación del importe, que puede vincularse a la justificación o a la presentación de partes. La concurrencia competitiva es el procedimiento ordinario. Su tramitación se inicia siempre de oficio: corresponde a la Administración decidir cuándo la inicia. Aunque exista una dotación presupuestaria, la Administración puede decidir no llevar a cabo esa actuación.